Considera ruptura social es causa de delincuencia

Considera ruptura social es causa de delincuencia

POR LEONORA RAMÍREZ S.
El Código Procesal Penal no es el causante del incremento de la delincuencia en el país, dijo el jurista Julio César Castaños al alegar que en la República Dominicana hay una ruptura social porque las conductas de las clases dominantes  escandalizan a los más pobres.

Dijo que las personas cuyos niveles de pobreza son degradantes, no tienen ninguna oportunidad y ese es un pecado social muy grave, del que es responsable mucha gente en el país y eso hay que admitirlo.

«La solución no es caerle a tiros a esas personas; yo pienso que la clase política dominicana debe dar el ejemplo y volver a una vida sobria porque esta riqueza escandaliza en un país con tanta pobreza, cuando hay barriadas completas donde la gente vive en el fango, entonces cómo puede hablarse de que el Código Procesal Penal es responsable de esa conducta criminal generaliza en muchas capas sociales».

El jurista se expresó en esos términos al analizar las causas de la criminalidad en el país,  la cual se ha acentuado en los últimos meses sin que  parezcan suficientes para detenerla los controles que aplica la Policía a través del programa Barrio Seguro.

A raíz del incremento de la  criminalidad, varios juristas han relacionado esa situación con la aplicación de un código procesal demasiado garantista, por lo que habría que modificarlo.

De hecho, el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideró que la referida legislación viola principios y no se ajusta a la realidad social dominicana.

Según sus declaraciones, el Código Procesal Penal se debe revisar aunque entiende que no debe derogarse porque tiene aspectos positivos.

Castaños explicó que  «la delincuencia tiene causas múltiples que entran en el rango social y humano, que no es ocasionada por ningún código, y en el caso dominicano yo tengo la impresión de que hay una ruptura social que la provoca, a parte de que la corrupción política también es inflamante». El jurista, quien ofreció sus declaraciones en el programa Uno+Uno que produce el periodista Juan Bolívar Díaz, admitió que el Código Procesal Penal se enfrenta a dos debilidades: la carencia de recursos, de parte de la Policía y el Ministerio Público para presentar acusaciones con todas las pruebas, y el hecho de que la Policía funciona bajo las directrices de dos jerarquías. 

«La aplicación de la criminalística agarró a la  Policía y al Ministerio Público sin los recursos para poner adelante una acusación con pruebas, y esto crea una especie de vacío en el proceso, por lo que muchas veces no se pueden formular los verdaderos cargos, cuando en la intima convicción de todo el mundo se sabe que  determinada persona es la responsable de un hecho.

«Con respecto a la Policía, se trata de una institución crucificada entre dos sectores jerárquicos de  mando, la Secretaría de Interior y Policía y el presidente de la República, entonces cuando usted tiene un órgano con dos vectores de mando de distinta naturaleza usted tiene un gran problema».

Sobre ese aspecto explicó que el cuerpo del orden debería ser un ente más judicial que político, y que el Ministerio Público necesita más recursos para poder probar sus acusaciones porque ahí hay un vacío procesal.

Asimismo, expresó que el Código Procesal Penal debe reforzarse en el aspecto de los plazos, que en vez de 24 horas para el sometimiento sean 48 porque con esa medida no se le conculca ningún derecho a nadie.

«Y en el caso de la perentoriedad habría que crear un mecanismo para que los actores civiles y las víctimas sepan si van a continuar o no los casos, porque eso está en una especie de limbo ya que es el juez que debe declarar si un caso en particular ha perimido», manifestó.

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