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Introducción
Desde los mediados de los años ochenta, América Latina inició el proceso de una mayor dependencia a los dictámenes de los Estados Unidos, desde que la dictadura de Pinochet modificó la Constitución de su país para imponer el modelo liberal, a fin de responder a los lineamientos establecidos por el consensus de Washington, con el beneplácito de la administración del Presidente Bill Clinton. El marco de referencia a seguir fue crear la llamada globalización, que en lugar de beneficiar a la mayoría de la población de los países que se adhirieron a ese propósito, los resultados han sido generar una mayor concentración del ingreso en la población más favorecida o las élites, por medio de la dolarización de los bienes y servicios, eliminando a los salarios. Desde entonces la pobreza se agudizó. En la región se desencadenaron los estallidos sociales más fuertes y violentos de su historia. La demanda de estos movimientos de protestas ha sido clara en sus propósitos, como es el mejoramiento de las condiciones económicas de vida de la población más vulnerable. Desde mediados de los ochenta, no ha habido un país al cual no se le haya impuesto programas de ajustes estructural bajo el liderato del FMI y el Banco Mundial, aplicando condicionalidades cruzadas, que en lugar de aminorar su impacto más bien exacervaron las condiciones sin lograr los objetivos que perseguían tomando en cuenta la multiplicidad de las condicionalidades. No cabe duda que su diagnóstico, sin embargo, es compartido tanto por la mayoría de los economistas de la región como hasta los funcionarios de esos organismos multilaterales. Esto se debe a que los resultados macroeconómicos colocaron a algunos países en la burbuja del progreso, en lo que algunos economistas definieron como la ruta al desarrollo. Sin embargo, esos logros ni fueron ni han sido capaces de reducir sino más bien de aumentar la brecha de desigualdad y exclusión social existente en todos los países latinoamericanos.
Argentina. Con la elección de Mauricio Macri en el 2015, en la Argentina se aplicaron las recetas neoliberales formuladas por el Concenso de Washington, que permitió adoptar una serie de ajustes que consistieron en aumentos de tarifas de electricidad, agua, basura, transporte e interminables en su implementación, cuyas consecuencias fueron, entre otros, alta inflación, caída del salario real, incremento de las importaciones y sus efectos en el cierre de pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, en mayo de 2018, el Gobierno firmó un acuerdo con el FMI que le otorgó el mayor préstamo de su historia equivalente a 14 veces el poder de votos de ese país, generando fuga de capitales, así como un insostenible sobre endeudamiento. Cabe señalar, que dicho acuerdo lo consideramos en lugar de un acuerdo económico fue más bien un acuerdo político facilitado por la Gerente General del FMI Christine Lagarde, dado que nunca en el FMI se había sido tan complaciente con un determinado país y además, nadie en su sano juicio firma un acuerdo Stand-By en el tercer año del mandato del Presidente, ya que la duración del acuerdo es de apenas un año. Asimismo, Macri había prometido “pobreza cero” durante la campaña, la cual fue acompañada por una hambruna generalizada. Del mismo modo, la pobreza se fue incrementando hasta alcanzar el 40,8% en diciembre de 2019, siendo la más alta de la última década. Por su parte, la inflación, en 2019, tocó el 53,8%, la más alta en 28 años y la devaluación del peso argentino subió a $60 pesos por dólar y en definitiva, el PBI de 2019 alcanzó un crecimiento de aproximadamente 1,2 por ciento siendo también el más bajo de la década.
Con el fin de tener una idea del impacto negativo del programa de ajuste, vale la pena recordar los gobiernos de los años 90 y por derevaluar el impacto social que estas políticas excluyentes causaron en amplios sectores sociales. Sin una clara idea de cómo mejorar la situación imperante, el Gobierno de Macri no encontró mejor manera para sobrevivir y pensar que podría lograr reelegirse e implementó un plan que promoviera una mayor polarización, para lo cual contó con el inestimable apoyo de grandes medios de comunicación. En cierta medida Macri logró que pese a la desastrosa gestión de su período de gobierno pudo mantener su base electoral (40%), frente a la fórmula “Alberto Fernández-Cristina F. de Kirchner”, que ganó en primera vuelta con el 48% gracias a la construcción de un frente opositor que amplió la base del peronismo. De este modo, el “Frente de Todos” reunió a una parte importante de la gran familia peronista. En su discurso de investidura, Alberto Fernández llamó a superar tres muros: “el del rencor y del odio entre argentinos”, “el del hambre” y “el del despilfarro de las energías productivas”. Prometió trabajar para terminar con la llamada “grieta social” y poner “a la Argentina de pie”, “promoviendo el crecimiento de la economía”. También pronunció los términos “transición” y “cambio climático”, además de un “nunca más”, referido al uso político de la justicia.
Brasil. Este país representa el 70 por ciento del Producto Interno Bruto de la región latinoamericana. Su sistema político está organizado como una federación, lo que significa que el poder no está centralizado en un gobierno federal y que los estados y municipios poseen gobiernos propios y autonomía relativa, Dentro de ese contexto, cada uno de los tres niveles de gobierno (federal, estadual y municipal) poseen campos de actuación propio y los gobernadores de los estados asi como los municipales no están subordinados al Presidente de la República. El ministro de Economía (egresado de la Escuela de Chicago) ha iniciado un programa de reformas liberales en las áreas del seguro social, fiscal y la del Pacto Federativo. Además, el programa de reformas incluye un paquete de estimulo al empleo, un proyecto para acelerar privatizaciones (véase Petrobras y otras empresas). Adicionalmente, una propuesta parcial de reforma tributaria con el objetivo de simplificar los impuestos indirectos.

Para organizar las competencias de cada una de las partes, el Pacto Federativo fue establecido en la Constitución de 1988. En forma general, es un conjunto de reglas constitucionales que establecen las obligaciones financieras, las leyes, la recaudación de recursos y los campos de responsabilidades de la Unión, de los Estados y de los municipios. Por ejemplo, el Pacto define cómo los tributos recaudados por la Unión serán distribuidos entre los tres niveles de gobierno. Del mismo modo, el Pacto Federativo también define como los ingresos recaudados serán dirigidos a ciertos gastos, debido a que existen gastos obligatorios para los cuales el gobierno no puede intervenir, los gastos vinculados que reciben obligatoriamente, un porcentaje fijo de los ingresos y los gastos discrecionales que pueden ser manejados con más libertad por los políticos.

Si consideramos el coeficiente GINI, algunas veces llamado Indice de GINI o GINI ratio es una medida de la dispersión estadística cuya intención es determinar o representar la distribución del ingreso o la riqueza. Se podría afirmar que un GINI coeficiente igual a cero expresa una perfecta igualdad donde todo el mundo posee el mismo ingreso. Un GINI coeficiente iguala Uno o 100 por ciento expresa máxima desigualdad reflejando que solo una persona posee el total de los ingresos o gastos. En el caso de Brasil, el 55 por ciento de la población es en su mayoría de raza negra y en sentido general se ubican en las llamadas favelas. En el caso del coeficiente GINI se ubica entre 53,30 por ciento definiendo una elevada desigualdad y exclusión social, si tomamos en consideración que el coeficiente GINI está compuesto por aspectos demográficos definiendo las áreas de composición étnica, riqueza, niveles de educación, tasa de empleo y valores regionales.

Cuando el coeficiente GINI es muy alto o sea elevada desigualdad del ingreso, esto puede afectar o destruir el tejido social como un virus mortal. Si el tejido social se fragmenta, el caos social aparece como consecuencia. Choques negativos como el coronavirus, en una economía con alto coeficiente de GINI y un gobierno sin una estructura definida del tipo de “capitalismo de compadres” o crony capitalism, puede ser fatal para un determinado país.

En la primera parte, se trataron los modelos socio-económicos aplicados a la Argentina y a Brasil. En la segunda parte, se dará especial atención a los modelos de Chile y Colombia, asi como la propuesta del Premio Nobel de Economia Paul Romer sobre el modo de enfocar la problemática del coronavirus.

Guillermo A. Rivera R. es un prestigioso economista dominicano establecido en Washington, Estados Unidos. Tiene estudios de post grado en Francia y ha trabajado por más de 30 años para el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CEPAL.