Hoy 
POR GERMAN MARTE
El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y el Colectivo de Organizaciones Populares consideraron ayer que la lucha contra la corrupción en el país es una quimera, porque los grupos que detentan el poder actúan, fundamentalmente, fomentándola.
Entienden también que debido a ello, la promulgación del denominado decreto puente no es suficiente para frenar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.
Fidel Santana, vocero del Falpo, y Víctor Gerónimo, del Colectivo, manifestaron que más que leyes y decretos hace falta voluntad política para frenar la corrupción desde el Estado.
Al ser cuestionado por Hoy sobre la promulgación del decreto puente que regula la compra de bienes y servicios, así como las concesiones de obras por parte del Estado, Santana, dijo que la medida presidencial refleja una postura incoherente, pues si realmente el Presidente tenía compromiso con la lucha anticorrupción debió asumirlo desde el mismo día que asumió el poder, sobre todo, teniendo la experiencia de sus primeros cuatro años de gobierno, donde varios funcionarios se vieron envueltos en acciones dolosas.
El dirigente del Falpo estimó que el gobierno ha esperado mucho tiempo para emitir el decreto, casi llegando a la mitad de su gestión y después que una buena parte de las grandes obras, las que conllevan más inversión estatal, han sido entregadas grado a grado, como el caso del Metro y otras obras en ejecución.
El propio hecho de que su entrada en vigencia no sea inmediata significa según Santana- que todavía el gobierno pretende usar el grado a grado como un mecanismo político para beneficiar a sus acólitos, como siempre se ha hecho para el soborno y para el chantaje político.
El decreto puente emitido por el Poder Ejecutivo entrará en vigencia el 1 de junio próximo, quince días después de las elecciones congresuales y municipales.
Pese a sus limitaciones, según Santana, el decreto-puente significa un paso de avance y que lo cuestionable es la incoherencia y la doble moral con que se maneja el gobierno, porque si está convencido de que hay que enfrentar eso (la corrupción) debió ponerlo en marcha.
No obstante, el dirigente popular señaló que la concesión de obras grado a grado debe ser superada por medio a una ley que regule la contratación de obras, y que incluso, evite que las grandes compañías ahoguen a los pequeños y medianos ingenieros.
Indicó que la ley también debe regular las excepciones contenidas en el decreto.
De su lado, el vocero del Colectivo, Gerónimo, dijo que no basta con leyes, reglamentos y decretos, sino que lo más importante es la voluntad para su aplicación, pues desde el Estado se están violando a cada rato.
El decreto sería un paso de avance relativo, pero hay que esperar su aplicación, opinó Gerónimo, tras estimar que la medida debió entrar en vigencia inmediatamente, porque mientras tanto el gobierno está entregando obras grado a grado en violación a lo que establece la ley.
