Santiago. La exdiputada y presidente provincial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Lucía Alba, consideró que el “tranque” que existe en el Congreso Nacional para la aprobación del nuevo Código Penal, obedece a los intereses particulares de la clase política dominicana.

En ese sentido, Alba lamentó el hecho de que algunos legisladores queriendo apoyar las tres causales, estén pensando más allá de solo aprobarlo, sino lo que pasará con las consecuencias futuras.

La dirigente perredeísta entiende que el político tradicional debe ir dejando el miedo de la sociedad ante cualquier decisión legislativa que asuma por el bienestar de la gran mayoría, dejando atrás la presión que pudieran recibir de grupos particulares interesados.

Lucía Alba recordó que cuando fue diputada (2010-2016 y 2016-2020), fue víctima del “chantaje”, de algunos sectores que llamaron a votar en su contra por el simple hecho de tener una posición firme sobre el tema de las tres causales en el nuevo Código Penal que aún está en debate en el Congreso Nacional.

Por otra parte, Alba dijo que el PRD se fortalece y se actualiza en estos momentos para competir en las elecciones del año 2024. Sostuvo que en la última visita a Santiago del presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, en diciembre del 2021, juramentó en el sector externo a un joven de actitudes perredeísta que es Edwin Domínguez.

La presidente provincial del PRD informó que todos los fines de semanas están trabajando con la dirigencia que en un momento dado abandonaron al partido pensando que el Gobierno actual lo iba a tomar en cuenta, pero que ha sido todo lo contrario. “Muchos han regresado al PRD y otros están haciendo filas para volver”, aseguró.

Lucha anticorrupción

La exdiputada Lucía Alba valoró la lucha anticorrupción que se lleva a cabo en el país con los funcionarios y exfuncionarios acusados de supuestos actos de corrupción administrativa, pero señaló que ese combate se ha quedado a medias. Al participar en el programa BuenosDíasRD, por Luna TV, canal 53, Alba considera que a los funcionarios del actual gobierno acusados de corrupción no se les ha dado el mismo tratamiento.