El gobierno proyecta la reconstrucción de la carretera que va de la autopista Duarte a Constanza, carretera que se encuentra en deplorables condiciones.

Esa carretera es vital para el rico valle que produce líneas agrícolas de alto consumo en el país, así como para el creciente turismo interno.

Ahora bien, y aún cuando somos sumamente descuidados en materia de estadísticas, sería muy interesante conocer cuánto ha gastado el Estado en la construcción y reconstrucción de esa importante vía.

Periódicamente se hacen grandes inversiones en esa carretera, inversiones que se pierden desde que llega la temporada de lluvias y ocurren los deslizamientos de tierra, en una vía sumamente peligrosa por precipicios que, de lado y lado, la rodean.

Se colocan vallas alrededor de las cuevas, pero esas vallas son robadas por quienes, al parecer, disfrutan de patentes de corso en este país.

La carretera fue construida, originalmente, durante la dictadura de Trujillo, pero por los inconvenientes que presenta, y que nos perdonen los expertos en la materia, o fue mal trazada o se mal escogió el sitio para la construcción.

Hoy, antes de emprender la muy necesaria rehabilitación de la vía, se impone la realización de estudios que permitan un trabajo definitivo, trabajo que solo requiera después el debido mantenimiento. Con los avances de la tecnología, eso es muy posible. Lo que no es deseable es que se siga con la política de los parchos tan costosos.

El “cofrecito”

Las políticas de asistencia social con fondos del Estado no pueden ni deben ponerse a cargo de militantes o dirigentes de partidos políticos, o gente que ha escalado una posición electiva a través del voto impulsado por una plataforma partidista.

Esta premisa, de índole indiscutiblemente ética, descalifica la política de asistencia social que manejan los senadores, con asignaciones de fondos públicos que oscilan entre RD$400,000 y RD$900,000 mensuales per cápita, según se afirma para costear salud, educación y bienestal social de la gente de  sus respectivas comunidades.

 Si un político quiere afianzar su posición en su comunidad debe agenciarse los medios para lograrlo.

Procurar popularidad por medio de los recursos que provee el erario es una manera cuestionable, que debe ser descontinuada.

Como servidores públicos, los senadores tienen derecho a remuneración y pago de prestaciones sociales convenidas, pero nada justifica que tengan un “cofrecito” para financiar tareas que más que de beneficencia social, tienen rasgos de laborantismo político mal disimulado.

El asunto fuera muy distinto si en vez de otorgarle fondos a los individuos, el Congreso como tal, o el propio Senado, asignara de sus recursos a entidades sin fines de lucro y con un probado ejercicio en materia de asistencia social.

El “cofrecito” corresponde a modalidades muy cuestionables patrocinadas  por los partidos políticos, los mismos que siempre ponen obstáculos cuando se trata de regular sus actuaciones y fiscalizar sus fondos.

Lo más saludable que puede pasarle a la salud ética del país, y particularmente del Congreso, es que desaparezca para siempre esta fuente de financiamiento de proselitismo.

El “cofrecito” es una forma cuestionable de “invertir” los recursos del erario.