Lo peor que le puede pasar al país es que el tema de irreductibilidad de las áreas protegidas se deje fuera de la esfera constitucional, a expensa de leyes adjetivas “con candados de longaniza que puedan ser masticados fácilmente”, tal como señaló ayer Domingo Marte, ex  secretario de Agricultura.

Marte consideró que con ello se estaría poniendo en peligro a las zonas en conservación.

Favoreció que la Constitución establezca que son irreductibles, pero que lo mínimo que podría aceptarse, previendo casos de fuerza mayor, es que las áreas sólo podrán reducirse con el dictamen aprobatorio de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y con el voto favorable de las dos terceras de diputados y senadores.

“Puede ser que aún con esas previsiones, todavía se mantenga el peligro de que intereses mercuriales salten por encima del patriotismo y la cordura. Entonces tendríamos que pedirle a Dios que nos encuentre confesados”, manifestó Marte, quien clama porque los especialistas en el tema se manifiesten públicamente.

Marte señaló que el tema de las áreas protegidas como materia constitucional debe ser tratado con un alto sentido de patriotismo y  cierto sentido de cordura, ya que el tema está lleno de muchos intereses y pasiones y ha sido uno de los tópicos que más discusiones y divisiones ha provocado en el seno del Congreso Nacional.

Apuntó  que han sido muchos los intentos de diversos sectores de adueñarse de las áreas protegidas, razón suficiente para que “muchos aspiremos a que las mismas sean irreductibles”. 

Marte recordó que en el año 2000, mientras se discutía el contenido del proyecto de Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), se produjo un fuerte desacuerdo entre los congresistas sobre la inclusión o no en la futura ley de la lista de  áreas protegidas, sustentadas al momento por el decreto 233-96, que había sido revalidado para atenuar el escándalo y oposición que  produjo el famoso decreto 319-97, que mutilaba muchas de los espacios conservados.

Afirmó que debido al desacuerdo, la Cámara de Diputados prácticamente cerró sus operaciones, ante la retirada definitiva de la bancada  reformista, por orden expresa del ex presidente Joaquín Balaguer, quien apoyaba la inclusión de las áreas.

Narra que la ausencia de los diputados reformistas paralizó el conocimiento de  proyectos en carpeta, constituyéndose en obstáculo para la creación de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Algunos errores que se cometieron

Marte recordó  que cuando trabajó como asesor voluntario de un grupo de  diputados y senadores, junto a Eleuterio Martínez, Luis Carvajal, Domingo Abréu  y otros, propuso que la lista de las áreas protegidas se  incluyera en la ley como un artículo transitorio, a la espera de una ordenanza especializada sobre la materia, propuesta que fue acogida e hizo viable la aprobación de la Ley 64-00 y la secretaría Medio de Ambiente, el 18 de agosto del 2002.

Sin embargo, relata que los asuntos se complicaron otra vez por inconformidades con el  proyecto de ley de áreas protegidas sometido en el año 2002, debido a un decreto presidencial en enero de 2004, que sacaba parcelas del Parque Nacional del Este y, sobre todo, cuando “al echarse las palomas” se aprobó la Ley 202-04, del 30 de julio de 2004.

Esa ley, expresa Marte,  fue tildada por el sector medioambiental de inconstitucional, por reducir muchas áreas protegidas; de poseer un enfoque comercial, de convertir en irrecuperables importantes recursos naturales y culturales y poner en serio peligro la provisión de agua del país.

“Esas son nuestras áreas protegidas, y los vaivenes jurídicos desde la promulgación de la ley que las sustenta”, indica Marte, tras destacar que ahora se trabaja en la redacción de un nuevo proyecto que enmiende los errores principales, proceso iniciado desde el pasado año y en el que trabajan decenas de entidades encabezadas por la secretaría de Medio Ambiente.