En esta semana la Asamblea Legislativa y el Presidente de la República proclamaron la nueva Constitución de la República Dominicana calificada por el Presidente Fernández como una Constitución del siglo XXI.

Nos preguntamos cómo puede ser considerada la nueva Constitución como una Constitución del siglo XXI cuando la misma está plagada de disposiciones conservadoras que implican exclusión e inequidad en términos jurídicos y sociales.

Una Constitución que legitima la exclusión de las mujeres, le mutila su libertad de decidir sobre su propio cuerpo y las exponga a la muerte sin protección del Estado,  no puede ser considerada una Constitución del siglo XXI. Una Constitución donde las decisiones de las jerarquías eclesiásticas (como en la edad media) tienen más poder que la de las mayorías.

Una Constitución que excluya a la población del derecho a utilizar las playas, y ofrezca intersticios para que grupos minoritarios conviertan nuestras playas, parques y recursos naturales en espacios exclusivos de elites y de grupos con intereses económicos, no es una Constitución del siglo XXI. Una Constitución que legitima el despojo de la nacionalidad a personas que son hijos, hijas y nietos/as de migrantes ilegales no puede ser considerada una Constitución del siglo XXI.

Una Constitución que limita la categoría de familia a solo familias nucleares de parejas heterosexuales excluyendo la mayoría de las familias de nuestra sociedad que son familias monoparentales y extensas así como a las familias formadas por parejas homosexuales, no puede ser considerada como una Constitución del siglo XXI. Una Constitución que le otorga mayor poder al Poder Ejecutivo en el nombramiento del Consejo de la Magistratura y control en la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de todos los jueces del país, quebrando la independencia del poder judicial, no puede ser considerada como una Constitución del siglo XXI. La sociedad dominicana con esta Constitución ha sufrido un gran revés, luego de haber gozado de otros textos constitucionales más liberales y democráticos vuelve muchas décadas atrás en la historia, un total retroceso político y social.

A pesar de que se produjeron distintos movimientos sociales de oposición a la misma, las voces de las organizaciones sociales y de la sociedad civil no fueron escuchadas y se impuso la verticalidad, el poder de los partidos y de la jerarquía eclesiástica por encima de los intereses de la población.

Se supone que el siglo XXI es un siglo donde muchos países caminan hacia el fortalecimiento de los derechos humanos, la democracia, la diversidad y la libertad. Esta Constitución niega todos estos principios y por el contrario refuerza el autoritarismo, la inequidad y la exclusión.