Tirso Mejía Ricart 
Tirso Mejía-Ricart
Resulta una verdadera vergüenza comprobar cómo la claque que maneja el Estado dominicano manipula la Constitución y las leyes electorales para tratar de imponer su designio de eternizarse en el poder, de espaldas a los principios de la democracia y de la lógica más elemental.
La Constitución de la República es básicamente un conjunto de normas que establecen y regulan el Estado, que son el producto de un pacto político de las principales fuerzas sociales, del cual se deben derivar todas las leyes, porque no es una ley más, sino que es a partir de ésta que se deben redactar las leyes, en este caso para fines electorales.
De manera que las leyes 33-18 y 15-19 no pueden en modo alguno negar ni modificar lo que dice la Constitución, tanto en la forma de definir los candidatos de los partidos, como de la tecnología a utilizar para garantizar el voto directo en la elección del presidente de la República y de los representantes al Congreso.
Si los artículos 77 y 208 de la Constitución especifican que la elección de los senadores debe ser directa y la ley de Régimen electoral así lo ratifica, no hay forma de hacer valer una violación flagrante de la ley sustantiva del Estado, sobre todo habiendo una tecnología que lo permite.
Por otra parte, el art. 216 de la Constitución señala taxativamente desde el año 2010 que “la conformación y funcionamiento de los partidos deben sustentarse en la democracia interna y la transparencia”. Habría que hacer verdaderas cabriolas mentales y jurídicas para justificar que elecciones primarias se deben hacer con padrón abierto, sobre todo porque el párrafo 2 de dicho artículo dice que “los partidos deben contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular”.
La elección primaria con padrón universal encarece innecesariamente dicho evento, porque sus resultados deben definir las posiciones de los candidatos en boletas cerradas y bloqueadas, lo que haría más sencillas las elecciones generales; pero los legisladores, provistos de “barrilitos” y otros privilegios irritantes, han mantenido el voto preferencial para confirmar la “ley de hierro de la oligarquía” de que nos habla el sociólogo británico Michels, para tratar de mantenerse indefinidamente en sus posiciones, por encima de los que elige la militancia en las primarias.
Otra situación se plantea con el llamado voto automatizado, que si bien puede tolerarse para las primarias, no es aceptable en lo absoluto para elecciones interpartidarias competitivas, porque basta una fracción de segundo para transmitir los resultados para permitir el “hackeo” de las mismas, sobre todo si no se le da prioridad con respecto a los comprobantes que producen los votantes. Esa debe ser la última batalla a librar para garantizar elecciones libres y limpias; como también debe ser un reclamo fundamental la designación de una fiscalía electoral independiente, tal como lo permite el art. 171 de la Constitución de la República, hasta en un 50% mediante leyes especiales.
Esas son las banderas que debe enarbolar la oposición para lograr el triunfo electoral del 2020.
