Como verdad de Perogrullo se nos inculcó que la Constitución debe responder a cierto consenso nacional. Por ello se emprendieron consultas populares que llovieron sobre resultados emanados de otras precedentemente efectuadas. A ello se agregó el entusiasmo de una nueva Constitución como instrumento para la revolución democrática que necesita la nación.

Entonces fueron contratados expertos nacionales e internacionales que filtraron hasta cercenar los resultados de esas consultas. Lo esencial, que se recurriera a una constituyente, pasó a engrosar los pedazos de papel que se convierten todo acuerdo escrito que no se cumple.

Se convocó la Asamblea Revisora en circunstancias que lo sometido no modifica ningún artículo de lo vigente, sino que los deroga todos para establecer nuevos: Nada que revisar, todo a reelaborar.

El texto sometido contiene, inexplicablemente, errores impropios de un Presidente académico y de los recursos invertidos en experticios: Exige mayoría calificada para modificar leyes ya derogadas; Consagra la improcedencia del habeas corpus a determinados casos referidos a otro artículo sin que éste lo especifique; Consigna que las faltas de legisladores sean llenados por suplentes cuando estos no existen ni se proponen; Contiene errores gramaticales como confundir personalidad con persona; Cercena  funciones del Congreso cuando condiciona su capacidad de modificar el presupuesto sometido por el gobierno; Mantiene la integración de la Cámara de Cuentas con abogados y contadores obviando profesiones mas adecuadas para sus roles; Disgrega el Poder Judicial pero mantiene la dependencia del Ministerio Público; Prosigue con el cercenamiento de autonomías municipales golpeadas por recientes disposiciones y pretende “constitucionalizar” leyes que el gobierno ha propiciado sin haberlas cumplido, como las relacionadas con la administración financiera

Estas disposiciones refuerzan lo que de pedazo de papel tienen nuestras legislaciones, estigmatizándolas con el retroceso, no con la revolución.

A ello se suma, por impracticable, la disposición generalizada que obstaculiza, por  criminalizarla,  intervenciones médicas a favor de clases necesitadas; producto del distanciamiento de gobernados y feligreses con gobernantes y jerarcas connivenciados, como demostraron vigilias efectuadas y encuestas levantadas.

De paso esto último ahonda controversias contrastantes del consenso esperado en toda constitución, previamente observados en los recursos de impugnación elevados por juristas acreditados en materia constitucional y en  manifestaciones cuestionables en los partidos del sistema:

Del PLD brotó el germen del fraccionamiento. El PRD actuó “contra-natura” y el PRSC no supo, nuevamente, vindicar la prudencia consagrada en la constitución de Balaguer.

Mas que previsiones practicables en sintonía con, y en armonía entre, gobernados; lo que observamos es mas pedazos de papel signados por el retroceso; provocadores de mayores inconveniencias nacionales.