Las reformas constitucionales en nuestro país han adolecido siempre de ser enmiendas coyunturales hechas unas veces con precipitación u otras veces para concretar la voluntad unilateral de un partido, un grupo o un líder. Precisamente, la consulta popular convocada por el Presidente Leonel Fernández en el 2006 ha sido la expresión de la manifiesta y clara intención presidencial de apartarse de este viejo modelo de reforma de tan nefastas consecuencias para nuestra república.

Y es que la consulta popular permitió articular un consenso social respecto a los aspectos a reformar de nuestra Carta Magna que luego fue plasmado, gracias al consenso técnico en el seno de la Comisión de Juristas, en un texto que, entregado en marzo de 2007 al Presidente, debe servir de referente, base y contenido del anteproyecto de reforma que eventualmente presente el Presidente Fernández al Congreso Nacional.

Pero este consenso social y técnico no basta para hacer realidad efectiva el proceso de reforma constitucional: se requiere, además, un consenso político a nivel de las principales fuerzas político-partidarias.

Si partimos de la real correlación de fuerzas en el Congreso, este consenso político no es una necesidad ineludible para el Presidente Fernández ni para el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, desde el punto de vista de la legitimidad política –que no jurídica- de la reforma es claro que, como bien señala Díaz Ricci, “el resultado constituyente no puede ser la imposición de un grupo político dominante, aún cuando reúna tras sí la mayoría absoluta, pues la experiencia ha demostrado que una tal propuesta constitucional que prescinde del apoyo de los demás grupos sociales, está condenada al fracaso”.

Prueba de ello es el destino final de la Constitución de 1963 que, como bien señala Flavio Darío Espinal en su obra “Constitucionalismo y procesos políticos en la República Dominicana”, se originó en el hecho de que el texto constitucional fue impuesto por el Partido Revolucionario Dominicano al resto de la sociedad.

Una reforma constitucional, para que sea viable y duradera, no puede ser la obra exclusiva de un grupo de juristas ni la expresión excluyente de la voluntad de los ciudadanos. Ella tiene que estar afincada necesariamente en los factores de poder, en los partidos, en los liderazgos políticos y sociales, que contribuyen decisivamente a la articulación de los intereses y a la formación de la voluntad popular. De ahí la importancia del consenso político como mecanismo de concreción del acuerdo de esos factores de poder, principalmente respecto a los temas más neurálgicos desde el punto de vista político-partidario.

Este consenso político no tiene nada de pecaminoso. ¿De qué vale el apego ciudadano a los valores, principios y reglas constitucionales si las élites políticas no se adhieren a los mismos? ¿Qué de malo tiene que los partidos acuerden las reglas del juego político? ¿Es que se piensa que es posible imponer estas reglas al margen de los jugadores? Las constituciones duran menos que una cucaracha en un gallinero si las élites no se ven reflejadas en ellas. Las democracias perecen cuando los líderes políticos dejan de creer en ellas.  

El momento que vivimos los dominicanos demostrará si los partidos y sus líderes tienen la madurez y la visión a largo plazo necesarios para implementar una reforma de la Constitución o si, por el contrario, repetiremos la historia de siempre en donde los intereses coyunturales se imponen sobre la visión de Estado que debe imperar cuando se trata de profundizar y consolidar nuestra democracia.

La reforma constitucional puede sentar las bases para que nuestra democracia no sea solo una democracia de partidos sino también de ciudadanos. Allí no podremos llegar, sin embargo, si no hay acuerdo entre los partidos para la decisión política fundamental.

Estamos confiados que esta vez sí será posible arribar a una reforma constitucional que más que puerto de llegada sea punto de partida para erigir los mecanismos e institutos constitucionales necesarios para producir lo que el Presidente Fernández ha denominado la revolución democrática, que no es más que el fortalecimiento del Estado de Derecho y la activación de un proceso de democratización de la democracia a partir del empoderamiento ciudadano y la garantía efectiva de los derechos fundamentales.