Aunque pueda parecer verdad de Perogrullo, muchas veces no se tiene en cuenta la trascendencia que tiene el surgimiento de la Constitución escrita en el desarrollo de la historia del ejercicio del poder.  La existencia de una norma jurídica suprema, escrita y que limita el poder del Estado implica una transformación radical de este último.  Deja de ser amorfo, difícil de definir e imposible de limitar.  Ahora es un fenómeno social y político controlado, sujeto a una voluntad que no le es propia, la del soberano que crea la Constitución.

Hay que admitir que el problema viene a ser, entonces, quien es el soberano.  Pero en una sociedad como la dominicana, que presume de ser democrática, este punto no debe estar en discusión.  Lo que sí es relevante es que ese instrumento que llamamos Constitución contiene en sí mismo el proyecto de Nación que el Estado se ha comprometido a lograr.  Desde el momento mismo en que la Constitución fundamenta el sistema político en la dignidad humana ya no es posible para ningún gobernante justificar el incumplimiento de las obligaciones que traen aparejadas los derechos sociales.

La exigibilidad o no de los derechos sociales es un tema todavía debatido en la teoría del Derecho Constitucional.  Una parte extensa de la doctrina se aferra todavía a la idea decimonónica de que los únicos derechos jurisdiccionalmente protegibles son los compatibles con el liberalismo más clásico.  Ahora bien, para quien lea la Constitución dominicana con el más mínimo de los detenimientos resultará claro que el constituyente tuvo otra opinión. Los artículos 7 y 8 constitucionales no permiten espacio a la duda: la garantía de la dignidad humana y los derechos fundamentales –incluidos los sociales- son la piedra angular de la legitimidad del Estado y el gobierno de la Nación.

Lo anterior viene a cuento porque los valores y derechos sociales previstos en la Constitución tienen que ser el eje central de la discusión sobre el gobierno de la Nación.  No es aceptable que nuestros gobernantes tengan “planes”, “visiones” o “prioridades” divorciadas de lo que la Constitución manda.  La dominicana es una sociedad plagada por tragedias evitables, por una pobreza lacerante que indigna incluso a quien no la sufre directamente.  Y digo directamente porque nos afecta a todos, incluso a los que tenemos la suerte de llevar una vida relativamente holgada.

El progreso y el cambio no nos llegarán con eslóganes políticos, discursos llenos de cifras ni bromas de campaña.  El Estado dominicano cuenta con los recursos suficientes para poner en marcha planes sociales que atenúen el sufrimiento causado por la pobreza y que sienten las bases para superarla.  Es de esto que tienen que hablar los políticos y lo que tenemos que exigirles los ciudadanos.  Si no lo hacen ellos ni lo hacemos nosotros, ¿de qué nos sirve pretender que somos un Estado Social y Democrático de Derecho como afirma el artículo 7 constitucional?  Esta tarea tiene muchos años de atraso.  No la retrasemos más.