HIGINIO BÁEZ UREÑA
Intento rebatir al presidente de la República sobre la forma en que debe ser modificada la Constitución. Las contradicciones de su artículo (en la Revista Funglobe) borran toda tentativa de elocuencia. En éstas, la verdad se desnuda.

Dice el Presidente que con instituciones democráticas en la que no existe crisis de legitimidad no hay ninguna razón que justifique una reforma de la Constitución por la vía Constituyente. Si las instituciones son democráticas no debería temerse a la participación abierta, horizontal del ciudadano.

Sólo la consulta popular, según el Presidente, «garantiza la integración de los sectores de la vida nacional a un debate incluyente acerca de la forma en que debe organizarse el Estado, limitarse el uso de los poderes y garantizarse el ejercicio de las libertades consagradas en beneficio de los ciudadanos».

Ese juicio está desmentido con ejemplos: Ecuador, Venezuela, Bolivia donde los presidentes, recién elegidos, arriesgan sus puestos en la Constituyente. Es un mito lo de las de instituciones democráticas si se reconoce, al mismo tiempo, la desorganización del Estado, el abuso de poder y la ausencia de garantías para el ejercicio de las libertades ciudadanas. ¿Cómo es eso de que tenemos instituciones democráticas y al mismo tiempo hay que reformar la Constitución para garantizar el ejercicio de las libertades consagradas en beneficio de los ciudadanos?

El ciudadano y el pueblo, más que un debate incluyente, quieren la inclusión para el debate. Porque no son ciudadanos con derechos los más de cinco millones de pobres y, entre ellos, los más de dos millones de indigentes.

«A la consulta concurrieron, según el Presidente, los partidos políticos, los núcleos empresariales, las iglesias, los gremios profesionales, las organizaciones sindicales, las universidades… Pero la mayoría de esas instituciones están permeadas por la corrupción y por las veleidades de politiqueros que hace cuatro años consideraban la constituyente un anacronismo y hoy están reclamándola.

Un «dirigente» sindical cede la lucha que reclama un aumento salarial de un 25%, el cardenal se pronuncia partidario de la reelección, las cúpulas privadas son enemigas de la participación popular. Estamos frente a las falsas representaciones con las que al Presidente le encanta dialogar.

«La reforma constitucional es parte de una visión integral de desarrollo que se manifiesta a través de múltiples dimensiones». En el fondo nos está diciendo: esta Constitución actual es una traba a la globalización neoliberal, a la privatización de la función del Estado, a la alienación del patrimonio nacional.

«La Constituyente es una ilusión de la participación amplia porque de lo que se trata es de que la ciudadanía elija a un grupo de legisladores que se dedicaría exclusivamente a reformar la Constitución. Legisladores, escogidos de una lista que presenten los partidos políticos. Y dice que cuando se considera que una Asamblea Constituyente es más democrática es porque se confunde con la consulta popular».

Lo que asombra aquí no es la ignorancia del pueblo que «confunde la Constituyente con la consulta popular». Lo asombroso es que el Presidente se lo crea. En una Constituyente por voto popular, cualquier institución o ciudadano(a) tiene iniciativa de ley para proponer los diputados constituyentes. De lo contrario, no tendría sentido la Constituyente. Estaríamos condenados a la misma trampa.

El ciudadano común puede confundirse, no así los miembros de juristas de alto nivel que componen la comisión oficial para las propuestas de reforma, pues, algunos de ellos, como el experto en derecho constitucional doctor Luis Gómez, se han pronunciado, dentro y fuera de la comisión, por la Constituyente como forma de la modificación constitucional.