En mayo de 2015 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anunció la construcción del demandado palacio judicial de la provincia Santo Domingo, pero a un año y ocho meses de iniciarse los trabajos de la majestuosa edificación, los avances son casi nulos y las labores están detenidas, narran cercanos, hace más de un año.
El presidente de ese órgano y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, ha tirado la toalla, pues admite las deplorables condiciones en las que es impartida justicia en la provincia más habitada, ha dejado en manos de otros poderes (que manejan el presupuesto) la edificación declarando que aunque quisiera no tiene dinero para levantar el millonario edificio judicial.

La obra está al mismo nivel que el HOY la observó hace más de seis meses, cuando intentó verificar la evolución. El panorama es de un terreno lleno de malezas, donde iniciaron trabajos tímidos de remoción de terrenos.

Mientras, jueces, fiscales y abogados se desenvuelven en la estrechez, el hacinamiento y en ocasiones el hedor del actual palacio de Justicia, por lo que piden que con extrema urgencia reanuden los trabajos.

La nueva infraestructura prevista que alojaría los tribunales penales, laborales, civiles y jurisdicción inmobiliaria, además de las oficinas de la Defensoría Pública y el área del Ministerio Público.

Estos tribunales están dispersos por toda la provincia, algunos alojados en residencias alquiladas, otras no cuentan con la estructura propia de un tribunal, carecen de archivo, parqueo, y lo que es peor espacio propio para las audiencias, y donde despachar los jueces.

Tal es el caso de los tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyas funciones están distribuidas en tres espacios, uno, el de las audiencias, es itinerante, funciona en alguna de las salas de la Cámara Civil, que esté disponible, mientras el despacho del juez está en el Distrito Nacional.

Si este caso es grave para el desenvolvimiento de la justicia donde los menores son parte del conflicto, igual lo es la Corte de Trabajo que opera en dos casas contiguas, alquiladas, ya puestas en venta.

Este situación mantiene en vilo a su personal, pues en cualquier momento pudieran ser llamados para desalojar los inmuebles, y esto a su vez ocasionar el caos en el propio ritmo de trabajo y perjudicar a su vez a quien va en busca de justicia laboral.

También es conocida la situación en la que funciona el juzgado de atención permanente, que opera en un furgón, donde víctimas, victimarios y juez se desenvuelven en unos escasos metros, lo que a todas luces representa una escena de inseguridad.

Estas limitaciones, además de dar un aspecto indigno al poder judicial, redundan en una lentitud de los procesos. Una sola secretaría para toda una jurisdicción penal, ha causado que la más mínima solicitud tome días cuando pudiera resolverse en horas.

Como relata el abogado Héctor Hernández, una apelación que en el Distrito Nacional duraría un par de días para establecer fecha, allí podría tardar meses.
Así como han manifestado jueces y fiscales, apela a que asuman su causa.