La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) solicitó en la cumbre convocada por el presidente Leonel Fernández que se revise la Ley de Migración tras considerar el aumento de la mano de obra haitiana en ese sector y la agricultura. Además, que se promueva una política de desarrollo fronterizo.

El ingeniero Jaime González, presidente de la entidad, sugirió también revisar el artículo del Código de Trabajo relativo al porcentaje de mano de obra dominicana y extranjera, que establece 80% para los criollos y 20% para los extranjeros.

Recordó que el año pasado la industria de la construcción solicitó 25 mil trabajadores a la Secretaría de Trabajo, lo que no fue posible, situación que obligó a los ingenieros a acudir a los obreros haitianos, que sí estaban disponibles.

Admitió que con el no cumplimiento del “80-20” se está violando el Código de Trabajo pero dijo que los constructores se encuentran con la realidad de que en la República Dominicana no existe la mano de obra suficiente que  necesita el sector construcción.

Manifestó que ante esa realidad, a los constructores no les ha quedado otro camino que depender de obreros de la hermana nación de Haití, que están disponibles y a los que aseguró se les paga el mismo salario que a los dominicanos.

“No hay una discriminación porque ellos sean haitianos o dominicanos, se les paga lo mismo, las leyes están ahí”, expuso en la mesa sobre Migración y Frontera que coordina Justo Pedro Castellanos y modera la periodista Consuelo Despradel, en el hotel Dominican Fiesta.

González sostuvo que a los contratistas e ingenieros les interesa que los obreros sean dominicanos, por lo que considera necesario que los criollos sean motivados a trabajar.

Reconoció que debido a la carencia de obreros en el país es que en las construcciones se manifiesta que alrededor de un 70% de mano de obra es haitiana y un 30%  dominicana.

Debido a la realidad descrita, consideró debe revisarse la Ley y  regularizar la presencia de los extranjeros mediante carnetización.

Antecedentes

Mano de obra

En 2008

El año pasado, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas solicitó a la Secretaría de Trabajo 25 mil trabajadores pero no fue posible, lo que obligó al sector a acudir a mano de obra haitiana.

Penalizados

En 2008

Varios contratistas fueron sancionados en el 2008 por violar el Código de Trabajo, porque éste ordena que el  80 por ciento de los trabajadores que laboren en la construcción debe ser dominicano. En las construcciones al menos 70 por cada 100 obreros son de origen haitiano, lo mismo que en la agricultura.

Piden fondos

La Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones deben permitir el uso de los fondos de pensiones para dinamizar el sector de la construcción sin tener que modificar  la Ley 87-01, tal como sugirió ayer la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI)  como una medida para enfrentar el impacto  de la crisis mundial en la economía dominicana .

Consideró  que no es necesaria la modificación del artículo  24 de la ley 87-01 para la inversión de estos  fondos.

En un documento el presidente de la entidad, Máximo Domínguez,  recordó que el objetivo de la ley 87-01  es regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y los ciudadanos en  lo concerniente a la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia y enfermedad.

«Debido al impacto de la crisis financiera mundial en nuestra economía, se hace  un imperativo que el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la SIPEN se aboquen a viabilizar los instrumentos financieros necesarios y los requisitos para que estos fondos sean invertidos en breve tiempo en la construcción de viviendas».

Entiende que ese concepto de la legislación está contenido en el artículo 8, inciso 17 de la Constitución de la República Dominicana.

Máximo Domínguez agregó que así lo establece el  artículo 97 de la   ley 87-01 del Sistema de Seguridad Social, creando un mecanismo de préstamos a través de las instituciones financieras del país.