El pasado jueves el presidente Luis Abinader tomó dos importantes decisiones en política fiscal. Por un lado, eliminó cargas impositivas indirectas que se habían incluido en el Presupuesto de 2021, no obstante estar consciente de que la crisis del Presupuesto que heredó es de ingresos y gastos, y que la proporción entre impuestos y el PIB es de las más bajas de la Región Latinoamericana.

Desde mediados de agosto aplica la política de suavizar el brutal impacto del costo de la pandemia de covid-19 y de las políticas para combatirla, que hincharon el déficit fiscal a RD$420 mil millones, un 10% del PIB, en 2020, para reducir el desfase entre recaudación y gastos hasta RD$145 mil millones, un 3% del PIB, en 2021.

¿Cómo recortará el déficit fiscal si eliminó la ofensiva impositiva indirecta? Recaudando más con la recuperación del crecimiento del PIB y con impuestos adelantados por Barrick Gold. Con un precio medio de la onza de oro en US$1,900, no debería tener objeción para desembolsar al Fisco un promedio anual de US$300 millones en el periodo 2021-2024, ya que promediando menos de US$1,500 el Gobierno de Danilo Medina obtuvo US$1,468.3 millones, un promedio anual de US$294 millones, de 2013 a 2017.

Cito dos razones que justifican el retiro de los tributos indirectos. Uno, con la economía inmersa en un fuerte retroceso iban a profundizar aún más la desaceleración por el lado de la demanda.

La Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) pronostica que en 2020 nuestro PIB es de los que menos retrocede, un 5.3%, en un contexto en que las actividades económicas en América Latina y el Caribe se desploman en 9,1%, la peor cifra desde hace 120 años.

Y dos, hacían menos equitativa la política fiscal, incrementaba la brecha social y económica que en nuestro país ya es grande y creciente con motivo de la pandemia.

Por otro lado, consciente de que la política fiscal hay que analizarla de manera global, es decir, los ingresos y los gastos conjuntamente, anunció el inicio de los trabajos para consensuar dos reformas estructurales que se vienen reclamando desde hace tiempo, la del sector eléctrico y la reforma global e integral del sistema tributario. En ambas lo primero es establecer las líneas maestras.

Es necesario construir un sistema tributario más justo, que aumente los ingresos fiscales en seis puntos del PIB en cuatro años, el equivalente de unos RD$275 mil millones, anual alrededor de RD$70 mil millones, para equilibrar y estabilizar las cuentas públicas, y en el mediano plazo reducir la deuda que como porcentaje del PIB, se proyecta en 57% a final de 2020. Que facilite la creación de empleos, reduzca tasas, ensanche bases imponibles y añada progresividad, lo que implica aumentar el peso de la recaudación de impuestos directos y reducir la de los indirectos que representan 60% de los ingresos tributarios.

Que incluya la tendencia internacional de aumentar la fiscalidad sobre vivienda, vehículos de lujo y otros activos, es decir, sobre la riqueza. Que facilite la lucha contra el fraude fiscal y reduzca deducciones fiscales que no se justifican, que dejaron de cumplir la función de activar la inversión y/o el empleo. Gastos fiscales que en 2021 costarán mucho dinero al Fisco, RD$209,657.1 millones, equivalente a 4.28% del PIB.