RAFAEL TORIBIO
En una reunión en el Palacio Nacional, cuando se iniciaba la promoción de la reforma constitucional y de la Consulta Popular como más democrática que una Asamblea Constituyente, se le indicó al Presidente de la República que nada aseguraba que los resultados de esa consulta fueran respetados por los legisladores transformados en Asamblea Revisora, órgano a quien la Constitución vigente le asigna el derecho a reformar la Constitución.

Se le recordó la experiencia de la reforma del 2003. En ese entonces, después de un amplio proceso de consulta, se aprobó un proyecto de Constitución con las reformas que los sectores y actores consultados entendían que debían introducirse en nuestra Carta Magna. Que el texto fue sometido al Congreso y que éste, de todas las reformas propuestas, discutió tres y sólo aprobó dos, ambas representando intereses particulares de las fuerzas políticas que tenían la mayoría.

Frente a esa lamentable experiencia se le indicó también que la única manera para que la Asamblea Revisora respetara los resultados de la Consulta Popular, y no terminara todo en una tomadura de pelo como fuera la anterior, era si los acuerdos logrados en la consulta eran vinculantes para los trabajos de la Asamblea. Es decir, que no pudieran ser desconocidos, sino respetados y asumidos como la voluntad expresada por la ciudadanía que había participado en el proceso.

Con la contundencia que suele hacer sus intervenciones y respaldado por sus conocimientos en el campo jurídico, su respuesta inmediata fue la siguiente: «Profesor, usted sabe que eso es imposible. Jurídicamente los resultados de la Consulta Popular no pueden ser vinculantes para la Asamblea Revisora». Se le respondió que, ciertamente, jurídicamente no podían ser vinculantes, pero que políticamente sí, siempre que previo al inicio del proceso de las consultas se produjera un pacto político entre, al menos, las fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional, mediante el cual se comprometían a respetar y asumir los resultados de esa Consulta Popular. Y claro, que luego este pacto fuera respetado.

Si se procedía de esta manera, la violación de lo acordado tendría entonces un costo político para quienes propiciaran su desconocimiento. Lamentablemente ese acuerdo político no se produjo al inicio, pero ahora se quiere que se produzca al final, para garantizar que el Congreso no desconozca los resultados de la consulta.

En el acto de clausura del proceso de la Consulta Popular, realizada en el mismo escenario que se le dio inicio, el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Presidente de la República expresó su preocupación respecto a que el Congreso desconozca o modifique las conclusiones de la consulta, que integrarán en el texto-propuesta de reformas a la Constitución que piensa presentar en su comparecencia a las Cámaras Legislativas el próximo 27 de febrero. Para tratar de evitar que esto suceda, señaló que el texto con las reformas acordadas será presentado por la Comisión de Juristas que condujo el proceso de consulta a los partidos políticos y a los legisladores, previo a su presentación formal. Ayer se defendió que los resultados de la Consulta Popular no podían ser vinculantes para la Asamblea Revisora y ahora se trata de que no puedan ser desconocidos.

Sucede, sin embargo, que la decisión de los legisladores convertidos en Asamblea Revisora respecto a la propuesta de reformas a la Constitución que se le someta, no dependerá solamente de los partidos de la oposición sino, especialmente, de los legisladores pertenecientes al propio partido en el poder, con mayoría absoluta en la Asamblea, pero que no responde de manera unificada a los deseos del presidente del partido que es, al mismo tiempo, el Presidente de la República. Una disidencia interna en los legisladores del PLD puede poner en peligro que la Asamblea Revisora acoja los resultados de la Consulta Popular, remitidos por el Ejecutivo.

Quizás sea conveniente recordar que el desconocimiento por parte de los legisladores de la reforma consensuada en las consultas realizadas en el 2002, se consideró como una burla al proceso de consulta, a sus acuerdos y resultado y a los actores y sectores que participaron y que esto disminuyó la escasa credibilidad de que gozaba el Presidente de entonces y que contribuyó a la vergonzosa derrota que sufriera en las elecciones del 2006 en la que buscó la reelección.

Esto pudiera sucederle al actual Presidente de la República si la Asamblea Revisora, como en el proceso anterior, desconoce los consensos y acuerdos alcanzados en la Consulta Popular y sólo aprueba lo que serían conveniencias particulares. Además de una derrota política, sería una nueva burla que profundizaría la frustración de la ciudadanía respecto a sus dirigentes.

¿Se respetaría, por ejemplo, que la reforma de la Constitución sea realizada por una Asamblea Constituyente, si ese fuera el consenso de la Consulta Popular?