Hoy 
POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Por más vueltas que se le dé no es posible entender que el gobierno y el Diálogo Nacional se puedan embarcar en una nueva consulta sobre reforma constitucional, ignorando las realizadas en la última década, que han involucrado a miles de ciudadanos y ciudadanas representantes de centenares de instituciones políticas y sociales.
Particularmente relevantes y minuciosas, fueron las consultas realizadas en la anterior gestión del presidente Leonel Fernández por su Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado y por el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) como la rebautizó el presidente Hipólito Mejía.
Esas consultas generaron un Anteproyecto de Constitución de la República Dominicana elaborado por CONARE, que a su vez fue de los insumos básicos para las modificaciones incluidas en el Informe de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional instituida por decreto presidencial en marzo del 2001.
¿Continuidad del Estado?
Lo primero que queda en cuestionamiento con la disposición del presidente Leonel Fernández de que se proceda a una nueva consulta para una reforma constitucional es el principio de continuidad del Estado.
En este caso no solo se ignorarían importantes realizaciones del anterior gobierno, correspondiente a otro partido político, sino también las del actual titular del Poder Ejecutivo en su gestión de 1996-2000.
Las dos consultas anteriores no solo involucraron a una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas independientes y dirigentes de cientos de organizaciones políticas y sociales, que invirtieron miles de horas de trabajo, sino que también tuvieron un costo económico pagado por el Estado.
Por lo menos una docena de libros y folletos, con miles de ejemplares, fueron impresos y distribuidos por las agencias gubernamentales que patrocinaron asambleas, conferencias y seminarios, muchos de ellos con expertos extranjeros invitados y pagados con fondos del presupuesto nacional y donaciones de instituciones internacionales.
Que el Consejo Económico, Social e Institucional y el Diálogo Nacional que coordinan monseñor Agripino Núñez Collado se involucren en la realización de una nueva y redundante consulta, abonará el criterio de que los dominicanos y dominicanas son prolíferos en consensos que luego no se cumplen.
Por ahí andan también los numerosos volúmenes de resoluciones y recomendaciones que salieron del Diálogo Nacional que auspició el propio presidente Fernández en su anterior gestión de gobierno, en el cual se invirtieron decenas de millones de pesos en sesiones regionales durante varias semanas y una gran plenaria nacional de varios días.
Además de las consultas realizadas por el organismo para reforma del Estado, las hay también auspiciadas por otras instituciones. Resaltan la que realizó a Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2000, que también involucró a decenas de entidades sociales y académicos.
Igualmente relevante fue la realizada entre 1993 y 1994 por la Fundación Siglo 21, con auspicios del Proyecto de Iniciativas Democráticas de financiamiento internacional, que involucró al liderazgo de los partidos políticos, así como a organizaciones de base. El resultado fue un consenso de reformas constitucionales y políticas suscrito por los partidos el 7 de abril de 1994, a excepción del entonces gobernante Partido Reformista Social Cristiano, que aunque participó del consenso no lo suscribió. Quedó impreso en un folleto.
Los foros de la Comisión
Entre el 13 de diciembre de 1997 y el 10 de agosto de 1998, la Comisión para Reforma y Modernización del Estado, en cumplimiento del mandato contenido en el decreto 484-96 del presidente Leonel Fernández, auspició 16 foros regionales sobre reformas constitucionales.
Mil 344 ciudadanos y ciudadanas, representantes de 872 instituciones y de 73 municipios participaron en la consulta, que arrojó 278 propuestas, gran parte de ellas coincidentes. Por ejemplo en casi todas se concluyó recomendando que la reforma a la Constitución se hiciera mediante una Asamblea Constituyente electa directamente. Sólo uno de los foros reclamó que se dejara en manos de los diputados y senadores.
Las propuestas de cada uno de esos foros están recogidas en el libro de 235 páginas publicado por La Comisión con el título El Pueblo discute su Constitución. Se refieren a las funciones Ejecutiva, Judicial, Legislativa, Electoral, de Control y Municipal, así como a Derechos Humanos, Participación Política, Procedimiento de Modificación y otros.
La Comisión publicó otros dos libros sobre la materia: La Reforma Constitucional en Resumen de Prensa, y La Asamblea Constituyente en América Latina Hoy. En 1999 editó también 8 folletos de más de cien páginas cada uno donde recoge exposiciones que auspició sobre los más diversos aspectos de la reforma constitucional.
La metodología seguida en los foros fue ampliamente democrática, bajo la dirección de la doctora Leyda Margarita Piña, que ahora ha vuelto a trabajar en CONARE. El secretario Ejecutivo de la Comisión era el doctor Onofre Rojas, actual Ordenador Nacional de los Fondos Europeos.
El proceso fue aprobado por una subcomisión de Reforma Constitucional, coordinada por el doctor Max Puig, actual secretario de Medio Ambiente, e integrada por 21 personalidades de los diversos sectores de la vida nacional, como Agripino Núñez, el actual vicepresidente Rafael Alburquerque, Danilo Medina, César Pina Toribio, Celso Marranzini, José Manuel Paliza, Rafael Toribio, Lourdes Contreras, César Estrella Sadhalá, Huchi Lora y Manuel Estrella, entre otros.
Proyecto de CONARE
A pesar de tan prolífica labor, la Comisión de Reforma del Estado no llegó a formalizar un anteproyecto de Constitución, a lo que debió contribuir el hecho de que el Congreso estaba en manos de la oposición. Se elaboraría en el gobierno de Hipólito Mejía, quien cambió el nombre a la comisión, por el de Consejo Nacional para la Reforma del Estado.
Con una asamblea a la que asistió el presidente Mejía y cientos de dirigentes políticos y sociales, el 7 de noviembre del 2000, se inició un programa para elaborar un anteproyecto de Constitución. El documento quedaría en manos del Poder Ejecutivo y fue ignorado cuando en el 2002 la mayoría legislativa perredeista modificó la Constitución simplemente para restablecer la reelección presidencial y permitir la repostulación de Hipólito Mejía.
Tomando en cuenta las propuestas de los foros, la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, entre otras, diez comisiones trabajaron durante cuatro meses en igual número de temáticas constitucionales. Participaron más de 200 representantes de unas 80 organizaciones políticas y sociales.
En el proceso participaron algunos de los técnicos y expertos, así como muchos de los dirigentes sociales y políticos que habían estado en la consulta realizada por la comisión. El director de CONARE era el doctor Tirso Mejía Ricart, quien promovió el anteproyecto de Constitución en innumerables programas de radio y televisión, así como en la prensa escrita. Fue recogido en un folleto del cual se imprimieron 10 mil ejemplares que fueron distribuidos entre las instituciones nacionales.
La Comisión Especial
El anteproyecto de Constitución ya estaba impreso cuando el presidente Mejía emitió su decreto 410-01, del 21 de marzo del 2001, que creó una Comisión Especial con el objetivo de que propusiera las modificaciones, y formas de hacerla, que debieran introducirse a la Constitución de la República.
El documento de CONARE se constituyó en el principal insumo de la Comisión, que comenzó sus labores construyendo una matriz que resumía esas propuestas, lo mismo que las presentadas por la UASD y la UNPHU, así como las del Dálogo Nacional y la Comisión de Reforma y Modernización del Estado.
Todos los partidos políticos reconocidos, las iglesias, tres universidades, las instituciones empresariales y sindicales, la federación de estudiantes de la UASD, CONARE, y una decena de instituciones sociales, incluyendo organizaciones barriales, estuvieron representadas en esta comisión, donde se incluyó a una decena de juristas.
El documento final fue entregado al presidente Mejía el 13 de agosto del 2001 por monseñor Agripino Núñez, quien coordinó los trabajos. Incluía no solo las propuestas de fondo, sino también un anteproyecto de ley para declarar la necesidad de reformar sus artículos 117 y 118 para instituir la Asamblea Constituyente electa por voto directo y con representación de las organizaciones de la sociedad civil.
El 27 de septiembre del mismo año, dirigentes de los tres partidos mayoritarios y el presidente Hipólito Mejía, con Monseñor Agripino Núñez como testigo, firmaron un Pacto por la Reforma Constitucional, en el que se comprometían a promover, guiar, orientar y realizar una reforma de la Constitución.
El acuerdo establecía que el Congreso haría una reforma inicial de cuatro aspectos: eliminar los colegios electorales cerrados; reducir el porcentaje para elección presidencial al 45 por ciento y 40 si el primero superaba al segundo con más de un 10 por ciento; consagrar la elección popular de los diputados al Parlamento Centroamericano; e instituir la figura jurídica de la Constituyente por elección popular, que se abocaría a la reforma integral de la carta magna.
Para nada sirvió todo el proceso, porque el gobierno engavetó las propuestas y en agosto del 2002, sus legisladores, asociados con los del Partido Reformista Social Cristiano, procedieron a una modificación para restablecer la reelección presidencial, aunque también eliminó los obsoletos colegios electorales cerrados.
Ahora lo que correspondería sería reivindicar todos esos consensos, economizando tiempo y recursos, lo que no impediría que una asamblea constituyente hiciera los ajustes procedentes.-
