Especialista en recursos naturales
P. Después de todo el ruido causado por el intento de un grupo de legisladores de mutilar el Parque Nacional del Este para destinar su porción oriental al desarrollo turístico y la amenaza latente de hacer lo mismo con Bahía de la Águilas en el Parque Nacional Jaragua, ¿se podría pensar que el país no tiene área protegida segura o con garantía de continuidad en el tiempo?

R. Este planteamiento resulta oportuno y digno de análisis o consideración. El ruido del Parque Nacional del Este que usted señala, no era ruido en sí, sino reales intenciones de despojar a esta área protegida de 8 kilómetros y medio cuadrados de su superficie para destinarlos al negocio y a las actividades turísticas que se apartan de los objetivos reales que motivaron su creación, hace casi 35 años.

Los antecedentes de esta situación son mil veces más graves, pues la experiencia vivida con la Ley Ambiental N° 64-00, refleja que en el Congreso Nacional se dan cita los intereses más disímiles y se defienden proyectos que no siempre responden a los anhelos y esperanzas que encarna la sociedad dominicana de construir su porvenir y bienestar, en base a la dotación de recursos y valores naturales que atesora su imenso patrimonio natural.

Para que esta ley pasara en las cámaras legislativas, fue preciso recurrir a las reservas morales mejor sustentadas y hacer acopio de las buenas voluntades de los diferentes estamentos de la sociedad dominicana, como las iglesias, ambientalistas, empresarios, gremios profesionales y los líderes políticos que comandaban las representaciones congresuales con mayor poder de decisión.

Esta lucha llegó tan lejos que concitó el interés del cuerpo diplomático acreditado en el país, el cual, en un gesto poco usual encabezado por Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Francia, hizo causa común para pedirle a esta nación que no permitiese que se menoscabara o dejara sin protección aquellos enclaves naturales más relevantes de sus áreas protegidas.  No obstante, para dejar medianamente conforme a ciertos sectores, fue necesario incluir un artículo transitorio que acogía todas las áreas protegidas existentes hasta que se promulgara una ley sectorial que estableciera finalmente sus límites y pertinencias.

Fue así como surgió la Ley Sectorial de Áreas Protegidas N° 202-04, mutilando y desnaturalizando el sistema hasta hacerlo inmanejable. ¿Cuál será el próximo capítulo? No lo sabemos pero si estamos seguros que la sociedad siempre encarnará sus propios mecanismos de defensa.