Hoy 
P. Profesor, ¿qué está pasando con el Parque de los Farallones de la Avenida Ecológica?
R. La presencia de bulldozer, volteos y obreros destruyendo la vegetación y los farallones, por parte de particulares, al este de la Plazoleta Juan Pablo Duarte y al comienzo de la Avenida Ecológica, nos parece una agresión a la naturaleza injustificada dentro de un área protegida, que debe ser aclarada ante la opinión pública. Nadie puede alegar ignorancia de que este espacio verde de Santo Domingo Este se encuentra en terrenos declarados de utilidad pública desde principios de los años 90 del siglo pasado.
Estos farallones y la Avenida Ecológica están siendo protegidos por todos los gobiernos que ha tenido la República Dominicana en los últimos 20 años y no se explica cómo, de buenas a primeras, aparezca alguien o alguna empresa constructora a levantar alguna obra de carácter privado y en perjuicio del bien común, que es el objetivo primario de todas las disposiciones legales que amparan esta área protegida.
En primer lugar está el Decreto N° 381-92 del 31 de diciembre de 1992 que declara de utilidad pública las franjas de terreno de 150 metros de ancho a ambos lados del eje longitudinal de los farallones del llano costero sud oriental del Caribe, entre la Avenida de Las Américas y la Base Aérea de San Isidro (Gobierno de Balaguer).
Once años después de esta disposición y ya construida la Avenida Ecológica que le da carácter de seriedad a las labores de protección, se promulga el Decreto N° 837-03 del 27 de agosto del 2003, donde se amplía la superficie protegida de los farallones, declarando de utilidad pública la franja de 150 metros de ancho, entre la Base Aérea de San Isidro y el inicio de la Autovía del Este (Gobierno de Hipólito Mejía).
En ambos casos se encomienda a la Comisión Nacional de Asuntos Urbanos de la protección de los espacios incluidos en las declaratorias de utilidad pública, y ya para el 16 de diciembre del 2004, el Presidente Leonel Fernández promulga el Decreto N° 1214-04, donde dispone la realización de los planes de manejo de las áreas declaradas de utilidad pública por los gobiernos anteriores y encomienda al CONAU de tal misión.
Ante tanta legalidad y voluntad política en tres gestiones distintas al frente del Estado (algo casi inaudito), nadie puede ahora contravenir y arruinar este espacio público.
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