P. Profesor, ¿no le parece que el país está retrocediendo nuevamente en la institucionalidad del sector ambiental, que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se está atomizando y que cada vez son más y nuevas instituciones las que están asumiendo su rol?

R. Es una situación lamentable, pero es la realidad. Aunque sus mandatos tienen rango constitucional, poco a poco se está desmontando todo lo alcanzado por la Ley Ambiental del País y lo que más apena es que sea del Congreso Nacional desde donde provenga la mayor embestida. Para el año 2000 cuando se promulgó la Ley N° 64-00, la República Dominicana tenía 32 instituciones que se ocupaban de la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente; lográndose reunir la mayoría de las mismas bajo la sombrilla del Ministerio de Medio Ambiente. Pero en apenas 13 años, son varias las instancias que se han creado al margen del Ministerio y otras están en proceso.

Nos referimos concretamente al caso de CODOPESCA (Consejo Dominicano para la Pesca y la Acuacultura) creado mediante la Ley N° 307 del 2004 y de ANAMAR (Autoridad Nacional para Asuntos Marítimos) creada mediante la Ley N° 66 del 2007. El ámbito de competencia de ambas cae directamente bajo los dominios del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos de Medio Ambiente.

Por otro lado, en el Congreso Nacional avanzan dos Proyectos de Ley orientados fundamentalmente hacia la privatización y comercialización del Recurso Agua, que le quita competencia al Ministerio del Ambiente y refuerza la incidencia de instituciones vinculadas pero que operan al margen. En la práctica, ni el INDRHI, ni INAPA ni mucho menos la CAASD, coordinan acciones con este Ministerio que se estima es el gobierno de los Recursos Naturales de la nación.

Nos da mucha pena la pérdida del liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente en asuntos tan cardinales y cruciales como los del clima y que el protagonismo lo asuman el IDDI e INTEC entre otras instancias de la Sociedad Civil que promueven mecanismos de gestión al margen, pero que la Ley 64-00 resguarda su operatividad al Ministerio de Ambiente, por la complejidad, las redes y la interdependencia de los recursos naturales envueltos.

De igual manera, las leyes sectoriales que manda la propia Ley Ambiental, no se orientan a complementarla o reforzar sus mandatos, sino todo lo contrario, a favorecer nuevas instancias de control y mando.

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