CONSULTORIO ECOLÓGICO

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Eleuterio Martínez

P. Profesor, ya no solo son Pueblo Viejo, Ortega o La Peguera las víctimas de la minería, sino que junto a Miranda, también están enlistadas Nalga de Maco, Alto Yaque del Sur y Neíta – Restauración, para solo mencionar las más importantes; ¿qué podemos hacer para salvar las fuentes de agua y los ríos que sustentan la vida de nuestro país?

R. El porvenir de la República Dominicana reside en el agua, no en la minería. Nada ni nadie debe jugar con el futuro de nuestros hijos. Nuestra generación no puede comportarse como la más egoísta que se asiente en nuestro terruño.

Es hora de que la clase política y las máximas instancias de tomas de decisiones del Estado dominicano (Poder Ejecutivo, Congreso Nacional, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo…), se sienten a la mesa de las negociaciones y comiencen a pensar y a decidir hacia dónde quieren conducir la nave del desarrollo del país.

¿Qué nos espera a la vuelta de la esquina, después de tres períodos de gobiernos si le damos riendas sueltas a la minería en las zonas clave para la producción hídrica nacional y de la isla; porque hasta las aguas que le enviamos a Haití encauzadas por el Artibonito y el Macacías, nacen en zonas ya identificadas como reservas mineras.

No estamos hablando de problemas ecológicos versus bonanza económica, de egoísmos supra generacionales o del derecho a generar riquezas momentáneas en el presente hipotecando el futuro de la nación…, nos preguntamos ¿qué va a pasar con la soberanía alimentaria, que debe ser para toda la vida? ¿de la generación hidroeléctrica, limpia y segura? ¿del agua para el consumo humano?

Esta situación es tan delicada que no se puede dejar al capricho de personas, no importa lo bien o mal intencionada que pueda estar a la hora de tomar decisiones; tenemos que recurrir a la ciencia, a los conocimientos que tenemos a nuestro alcance y comenzar a planificar la esperanza de progreso y bienestar que aspiramos los dominicanos de hoy y los dominicanos por venir.

Todo está previsto en la Ley Marco sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (N° 64-00) y nunca como ahora se impone el cumplimiento del mandato de su artículo 120 que encomienda a los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y de Medio Ambiente la elaboración y puesta en marcha del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.

 

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