P. Profesor, la Ley Ambiental dominicana cumple 15 años de haber sido promulgada, lo mismo que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su principal instrumento de aplicación; en tal sentido, ¿cuál ha sido el progreso?, ¿en qué se ha avanzado o retrocedido?

R. No hay dudas, el progreso es evidente y hemos dado pasos gigantescos en la institucionalidad del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, al pasar del caos total a un proceso progresivo de orden y consolidación en todas las variables y elementos clave de la conservación del patrimonio natural dominicano.

En primer lugar tenemos un instrumento legal principal que recoge, actualiza y le da coherencia a las decenas de leyes, decretos y disposiciones administrativas que ponían en manos de al menos 28 organismos o agencias oficiales, la gestión del ambiente y los recursos naturales del país; cada uno con sus propias políticas, sus recursos y criterios particulares para administrarlos. Cuando el caos y el dispendio de recursos se hicieron insostenibles, el Congreso Nacional tuvo que crear una ley marco para la gobernanza del sector (Ley General del Ambiente N° 64-00).

Claro, todavía persisten muchos males, lagunas y sesgos que corregir, por ejemplo, la gobernabilidad del recurso “agua”, clave para el desarrollo de la nación y la cotidianidad del servicio para el consumo humano; pues a pesar de existir un Viceministerio de Suelos y Aguas, no se advierten los niveles mínimos de coordinación entre el INDRHI, INAPA, CAASD, CORAASAN y MUNICIPALIDADES con el Ministerio de Medio Ambiente, al que la Ley N° 64-00 y la Constitución de la República, le dan la rectoría.

A pesar de que han pasado seis ministros en 15 años por el Ministerio de Medio Ambiente: Moya Pons, Max Puig, Omar Ramírez, Ernesto Reyna, Jaime David Fernández y Bautista Rojas; todos con sus luces y sombras, todavía no se ha activado el Consejo Nacional para Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el mecanismo institucional para establecer la política nacional en este campo y tomar las grandes decisiones sobre la estrategia a seguir en procura del desarrollo sostenible.

Hoy tenemos un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que día a día se consolida, garantiza la conservación de la biodiversidad, le brinda sustento al turismo y a los servicios ambientales básicos para la vida de la nación. Se trabaja en la Ley de Ordenamiento Territorial y se empodera la sociedad del cuido de sus riquezas naturales.