Consultorio Ecológico

Eleuterio Martínez

P. Profesor, explíquese mejor ¿cómo fue que República Dominicana ganó un arbitraje internacional por el cual tendría que pagar a los demandantes 41.5 millones de dólares, donde usted jugó un papel estelar?

R. Se trata de un sometimiento contra la República Dominicana en tribunales internacionales por parte de dos empresarios estadounidenses nacionalizados dominicanos, bajo el alegato de que le impidieron ampliar su proyecto turístico hacia el interior del Parque Nacional Bahiguate, aunque tales pretensiones fueron dadas a conocer después de creada esta área protegida.
El proyecto denominado “Jamaca de Dios, segunda etapa”, estaba emplazado en el entorno del Pico El Mogote y la loma La Peña, Cordillera Central, donde se encuentran las nacientes originales o cabecera del río Bahiguate y múltiples nacientes del Río Yaque del Norte, justamente donde se encuentran los dominios del Parque Nacional Bahiguate.
A mí me correspondió la defensa técnica de la República Dominicana, en vista de que al momento de la creación de esta Unidad de Conservación, me desempeñaba como viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad y a la vez, el coordinador del equipo técnico responsable de la delimitación física del parque y los argumentos básicos del demandante se centraba en tres puntos esenciales:
1.- Los límites del Parque Nacional Bahiguate fueron trazados para evitar cualquier expansión de la segunda fase del Proyecto Jamaca de Dios.
2.- En montañas con características similares a las que acogen tal proyecto, se desarrollan otros proyectos de igual naturaleza, pertenecientes a ciudadanos dominicanos que no fueron incluidos en ninguna área protegida.
3.- Las aguas de las lluvias que caen en Jamaca de Dios – II,van al Río Yaque del Norte y no al Río Bahiguate, entre otras aseveraciones.
La defensa técnica del demandante estuvo encabezada por un profesional dominicano y dos extranjeros, quienes no lograron convencer al tribunal. El Parque Nacional Bahiguate es un área protegida sumamente valiosa para el país, por la riqueza hídrica y su extraordinaria riqueza biológica, con especies endémicas y exclusivas de esta parte de la Cordillera Central de la República Dominicana, cuya salvaguarda está garantizada por la Constitución de la República y leyes adjetivas.
Este caso fue conducido por una firma de abogados estadounidense, más el personal institucional del Gobierno dominicano.