P. Profesor, ¿“Democracia Ambiental” es una expresión académica o tiene algún sentido social o conservacionista fuera del ambiente político en el cual está sumergida la sociedad dominicana?

R. Más que una acepción meramente conceptual, la “Democracia Ambiental” surge como aplicación, socialización, promoción de la conservación del medio ambiente dentro del contexto del Acuerdo de Escazú, firmado por la República Dominicana junto a 22 países, hace dos años en Costa Rica (marzo 2018).

Escazú, firmado, pero no ratificado por el país, es un “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” y su importancia reside precisamente en que, como todos somos actores, todos nos beneficiamos, todos agredimos, todos estamos íntimamente ligados al ambiente y las riquezas naturales, todos tenemos derechos y deberes, responsabilidades directas con la conservación y el equilibrio de los ecosistemas que sustentan la existencia.

A partir de Escazú, todos tenemos prerrogativas para decidir sobre la conservación de las bases de sustentación ambiental y el Estado es el primero que está en el deber de promover y sustentar la participación de todos los dominicanos, ya sea a nivel individual, como colectivamente, a través de los distintos niveles de organización que se dan en la sociedad.

Es un derecho el acceso a la información oportuna y veraz, es un derecho participar activamente en la gestión, y sobre todo, es una prerrogativa promover o impulsar iniciativas ambientales que vayan en favor del bienestar colectivo como una de las responsabilidades que de manera espontánea y voluntaria asuman los individuos, las organizaciones comunitarias y las propias instituciones oficiales.

Pero hay un aspecto que resalta el Acuerdo de Escazú, relacionado con la protección que debe recibir del Estado, toda persona que pudiese ser intimidado o amenazado por su vocación conservacionista o sus iniciativas en favor de la naturaleza. En muchos países se persigue a los ecologistas, se les amenaza y hasta se les agrede, llegando a extremos de perder la vida.

Y precisamente es lo que está pasando con Moncito (Ramón Enrique Torres), un líder ecologista de toda la vida, ampliamente conocido en toda “La Sierra” y muy especialmente en La Sidra, El Aguacate, La Leonor, El Catey; por su defensa del Parque Nacional Manolo Tavares Justo, proscrito por una sentencia del Tribunal Constitucional.