Especialista en recursos naturales
P. Profesor, por fin una Ley de Aguas. La semana pasada la Comisión Bicameral Permanente de Recursos Naturales y Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente elaboraron una agenda legislativa que contempla colocar esta ley entre varias que actualmente cursan en las cámaras legislativas sobre estos asuntos; pero la interrogante ¿si somos una isla donde el agua es un recurso primario para la vida y el desarrollo de la nación, por qué todavía no tenemos una ley de aguas?

R. Cualquiera se sorprende al saber que la Ley de Aguas que ahora se pretende revivir, ya tiene más de 20 años de haberse introducido en las cámaras legislativas. Es decir, la necesidad de que el país disponga de una Política Nacional de Aguas con una base legal que le sirva de plataforma, se concibió desde los años ‘80, pero el texto se sometió al Congreso Nacional a comienzos de la década de 1990.

Desde que la OEA (Organización de Estados Americanos) prestó su asesoría al INDRHI (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos) para el levantamiento de las informaciones de campo y posteriormente preparar el Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hídricos, el país vio la necesidad de establecer un marco legal regulatorio para las aguas nacionales. 

Pero legislaturas van, legislaturas vienen y todavía no tenemos este instrumento normativo indispensable para brindarle soporte legal a las iniciativas, medidas o acciones a emprenderse para lograr un óptimo aprovechamiento de este recurso y ponerlo al servicio de la calidad de vida de la nación y como motor para el desarrollo agrícola, ganadero, industrial y turístico que actualmente demanda la República Dominicana. ¿Dónde ha residido el problema que ha impedido su aprobación? Muy sencillo, en los intereses multicolores que se conjugan ante recursos tan valiosos que pueden a su vez traducirse a recursos económicos.

La Academia de Ciencias de la RD dio a conocer y alertó a la sociedad dominicana sobre los intentos de privatizar las presas, canales de riego y acueductos por parte de organismos internacionales de cooperación que siempre tratan de imponer sus propias políticas en los países donde operan. Estos documentos fueron publicados en varios números de la revista Verdor, órgano de divulgación de los trabajos que realiza la Comisión de Recursos Naturales de la Academia. Afortunadamente hoy es la Constitución  la que garantiza que el “agua” no será privatizada.