P. Profesor, ¿desde cuándo República Dominicana procura ordenar su territorio?

R. Desde 1992, cuando se creó el Departamento de Planificación Ambiental (segundo intento), en la Oficina Nacional de Planificación del Secretariado Técnico de la Presidencia (hoy MEPyD).

Justamente cuando delineábamos las funciones y las tareas prioritarias de esta nueva unidad funcional de la Onaplan, recibimos el apoyo de Julio Ortega Tous (su director), para elaborar una propuesta técnica de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial del país (una idea muy peregrina para aquel entonces).

Fue así como el país solicitó una colaboración técnica a la Comunidad Autónoma de Madrid, que nos envió a Isabel Tordecillas (1993) para afinar el borrador que se había elaborado y ponerlo en condiciones para presentárselo a los Organismos Internacionales de Colaboración, recibiendo el visto bueno del Banco Mundial (1994), pero que no progresó por tratarse de un año electoral muy convulso.

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Aunque Onaplan mantuvo el interés, siguieron dos años de inestabilidad política y surgió otro tema país: el agua.

El país tenía una ley de aguas con treinta años de existencia y resultaba totalmente obsoleta y se decidió seguir elaborando los documentos complementarios del Plan Hidrológico Nacional (INDRHI 1993 – 1995), elaborado con el concurso de la OEA.

Pero entre los afanes ambientales oficiales, los mayores esfuerzos, se dedicaron a la implementación de la Agenda 21 – País y acto seguido, la creación del Cinturón Verde de Santo Domingo y muy especialmente, la elaboración del ante-proyecto de Ley Ambiental, donde nos permitió canalizar nuestras inquietudes por hacer realidad el PNOT, con tanto acierto que no solo apareció posteriormente en la Ley 64-00, si no en la propia Constitución de la República del 2010.

Hoy, 30 años después, seguimos en los mismos afanes, pero con un plus, esta vez cuenta con el respaldo del propio Presidente de la República.