[b]Señor director:[/b]

Para estos tiempos de la llamada Era Tecnológica es una obligación del Estado contar con un sistema de contabilidad que le permita el acceso a los organismos de opinión pública, a las personas físicas y jurídicas con algún interés en determinar con claridad lo que realmente se vive en las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo de la nación.

Hay una gran demanda, de parte de los ciudadanos en obtener dominio de las informaciones contables que despejan la vida democrática de la administración del gobierno en su aplicación a las empresas estatales y autónomas. Esta sería una gran respuesta a los requerimientos de los usuarios influyentes en los presupuestos, como es el caso del Congreso, para citar un ejemplo, que puede ordenar revisiones a las fiscalizaciones de los gastos públicos y hacer recomendaciones en las diversas áreas que integradas forman el cuerpo de la contabilidad del gobierno.

No se sabe hasta que punto la función de la contabilidad gubernamental se dedica a darle seguimiento a la evolución de los presupuestos para la adquisición de las informaciones factibles de ser utilizadas por el ejecutivo en necesidades determinadas. Así las informaciones contables, de alto interés filosófico, al brindar las respuestas a los beneficiarios y llenar las demandas de los contadores y los servidores públicos implicados en las operaciones de los sistemas contables constituye la función principal y la más útil de todas.

El sistema nuestro de contabilidad gubernamental se dilucida en un laberinto de especulaciones donde revive la duda probablemente por el manejo confuso y la ausencia de las informaciones y las publicaciones responsables de dar a conocer la pulcritud del proceso y el marco legal y jurídico de las dependencias o entidades de la administración pública en sus acciones de gasto y ejecución de la ley de ingresos.

Nadie conoce en este país la toma de decisiones en las entidades públicas, lo que significa abrir las puertas a las críticas, pero no dejaré de sostener que las mejores decisiones son las que se toman cuando los recursos humanos de esas instituciones están plenamente informados. De esta manera los controles de la ley de ingresos y de egresos se asocian más con cumplimiento de los propósitos y dentro de una cobertura democrática a la vista de todos.

Tomando en cuenta la debilidad en el dominio y la aplicación de la contabilidad gubernamental, se da paso al procedimiento de las dudas en los indagadores que optan con una religiosidad tajante por los informes comprobadores de las ejecuciones de la Ley de Ingresos y del gasto público en los presupuestos en los que surge la necesidad de confirmar el cumplimiento de los propósitos que se hayan formulado y el paradero de los recursos asignados, en cualquiera que sea la gestión pública.

Atentamente,

Ana L. Casado