El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD)  abogó porque los miembros  la Cámara de Cuentas  sean escogidos por el voto popular, no designados por el Congreso.

La Cámara de Cuentas por ley es el órgano de supervisión externa de los fondos públicos, o sea,  funciona como una firma de auditores externos, y  debe instrumentar los expedientes cuando se detecta que ha habido corrupción con los fondos públicos.

El ICPARD entiende que al momento en que el Congreso Nacional elige a sus miembros genera conflicto de intereses.

El secretario de la ICPARD, Felipe Montero, expresó que en países de América Latina, entre ellos Argentina y Chile, líderes en la región, escogen de esa forma a los miembros de la Cámara de Cuentas.

Manifestó que a pesar de que desde hace  años los Gobiernos tratan de enfrentar la corrupción no hay grandes avances, en especial porque hay una falla de origen producida al momento de designar a los funcionarios.

“No es verdad que si yo como senador participo en las votaciones para  eligir a Pedro como miembro  de la Cámara de Cuentas, mañana cuando me vayan a supervisar a mí en el Congreso, no habrá conflictos de intereses, sí lo habrá porque el ser humano es así”, expreso.

Destacó que existen instituciones que funcionan, pero mientras no haya una verdadera independencia los problemas de transparencias continuarán.

Agregó que se puede estudiar la experiencia de países de América Latina con esta elección y copiarla en el país. Dijo que otros órganos, como la Contraloría y otras entidades, pueden seguir como están. 

Montero ofreció estos detalles durante el Encuentro Económico del HOY, donde mencionó que elegir la Cámara de Cuentas por elección popular podría ser en cuatros años o más pero  depende del plan que la República Dominicana entienda que debe hacer para combatir la corrupción.

Además participaron en el encuentro Mariluz Arias, directora ejecutiva del ICPARD; Francisco Acosta, tesorero; Ramón Antonio Perelló, vicepresidente; el presidente de ICPARD, Pedro Matos; Andrés Billini, ex presidente y presidente del comité organizador de Cumbre de las Américas.

Perelló destacó que los organismos encargados de velar por la transparencia en la administración de los fondos públicos, no están cumpliendo su función.

Problemas en ley  declaraciones juradas

El presidente de ICPARD, Pedro Matos,  explicó que la ley que cursa en el Congreso sobre declaraciones juradas y enriquecimiento ilícito de funcionarios, que modifica la ley 82-79, debe establecer que las mismas sean elaboradas por contadores y no por notarios como ahora lo contempla.

Destacó que el ICPARD entiende que todas las funciones que tiene ese ante proyecto de ley es para un contador y no para un notario. Aseguró que el rol del notario entra luego que el contador realiza la declaración jurada y el notario la certifica.

Consideró que si el proyecto es aprobado de esa forma puede haber poca transparencia, porque un notario no sabe hacer el trabajo de un contador, al menos que haya estudiado al respecto.

Matos explicó que ese proyecto plantea que el funcionario debe hacer una declaración de patrimonio antes de tomar sus funciones y que se le de seguimiento cada dos años a las altas y bajas de la declaración y cuando termine sus funciones se vuelva a elaborar otra declaración jurada.

Además plantea que la Cámara de Cuentas   le de seguimiento a esa declaración.

Matos dijo que sin embargo la Cámara de Cuentas  tiene mucho trabajo, por lo que sugieren que las firmas de contadores miembros del  ICPARD puedan tener esa función y que luego sean enviadas a la Cámara de Cuentas para su evaluación, aprobación y enfrentar a los funcionarios si se han enriquecido durante su cargo público.