La revelación de que más de 187 mil millones de pesos fueron gastados en el sector público sin documento que lo sustenten revela que la Cámara de Cuentas no ha jugado el papel que le ordena la ley y sus miembros deben renunciar.

Así lo afirmó el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana (ICPARD), cuyos directivos  instaron a la Cámara de Cuentas a que si no puede cumplir con la misión que le asigna la ley como gerente y como servidor público, es preferible que renuncien y que dejen el campo abierto a profesionales que si pueden poner la Cámara al nivel que se merece la sociedad dominicana.

El pasado martes 7 el periódico HOY informó que una auditoría de  la Cámara de Cuentas sobre la ejecución  presupuestaria del Estado  correspondiente al   año 2012 reveló egresos por más de RD$187 mil millones sin contar con los soportes suficientes y apropiados, lo que impidió  que  los auditores que  hicieron la experticia   pudieran emitir su opinión, según reveló el  experto en temas tributarios  José Rijo.

El presidente del ICPARD, Pedro Matos, denunció que la Cámara de Cuentas lo que hace es echarle la culpa a otras entidades del Estado cuando ellos son los que no están jugando su rol, porque ellos son los que deben coordinar con esas instituciones para que se cumpla el mandato del control interno.

Expresó que posiblemente la ejecución presupuestaria es el rol más fácil de cumplir, porque  es un trabajo en el que deben participar junto a la Contraloría de la República.

“Yo hago la pregunta, si tu como órgano rector, órgano máximo, si tu en  lugar de jugar tu rol, organizar el sistema a coordinar con los actores te dedicas a solamente sacar informaciones culpando a otro entonces tu no estas jugando tu rol. Eso indica que los miembros de la Cámara de Cuentas no son prácticos, no son contadores versados en la práctica y no tienen la visión de dónde deben estar”, dijo.

Matos se expresó en estos términos al participar en el Encuentro Económico de HOY junto a el vicepresidente Ramón Antonio Perelló; el tesorero, Francisco Acosta y el secretario de esa entidad, Felipe Montero.

Resaltó que la Cámara de Cuentas es la única entidad del Estado que no acepta el rol del ICPARD, órgano rector de la profesión por mandato de la ley 633  y del reglamento 2032, para trabajar de forma conjunta y contar con información oportuna basada en normas, algo que entienden  todas las instituciones públicas.

Dijo que los miembros de la Cámara de Cuentas no han jugado el rol que por mandato le instruye la ley 10-04, que crea la entidad, ya que estos ante la demanda de transparencia que requiere el país, no han cumplido su rol e insistió: es mejor que renuncien.

Destacó que la ley le da un mandato preciso para que sea el órgano rector del sistema nacional de control del país y la única organización que está encima de la Cámara de Cuentas es el Congreso Nacional.

Y además debe ejercer su alianza y estar vinculada a la Contraloría de la República en el control interno y externo y debe incluir, además, a la Dirección de Crédito Público, la Dirección de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental en un solo sistema, para tener un trabajo organizado y para garantizar la transparencia de los fondos públicos.

No contrata a firmas auditoras

La Cámara de Cuentas se niega a utilizar a empresas privadas de auditoría, contrario a la Contraloría, que ha expresado su disposición de trabajar en un reglamento para incorporarlas a su trabajo.

El presidente del ICPARD, Pedro Matos, manifestó que la Cámara de Cuentas debe auditar a todas las entidades del país y el artículo 32 le da un mandato preciso. 

Resaltó el presidente de los contadores que la Cámara de Cuentas alega que no puede auditar a todas las entidades del Estado, porque no dispone del presupuesto, sin embargo, el artículo 32 de la ley 10-04 establece que puede contratar firmas privadas. Mientras otro  párrafo de dicha ley dice que cuando una entidad deba ser auditada, debe solicitarlo y pagar su auditoría, pero según Matos, la Cámara de Cuentas dice que no puede obligar a una institución a pagar su auditoría.

Mientras en el artículo 19 dice que puede contratar a todos los asesores que requiera para hacer su trabajo y establece además que ellos pueden adecuar los reglamentos en función de la necesidades de la Cámara.

“Ellos son los gerentes y como los gerentes deben gerenciar. Ellos están llamados a que si ese reglamento es limitativo, someter un nuevo reglamento al Congreso y explicarle la situación. Un ejemplo es que puedan sugerirle a los 386 ayuntamientos que existen en el país y a las entidades descentralizadas del Estado  que en su presupuesto incluya los recursos de la auditoría”, dijo.