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Continúa este jueves el conocimiento de la solicitud medida de coerción contra los implicados en el supuesto entramado de corrupción que se dedicó a estafar al Estado dominicano a través de la distracción de fondos públicos y lavado de activos en organizaciones religiosas.
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, aplazó la audiencia para hoy 1:00 de la tarde, a solicitud de varios abogados de la defensa.
En la audiencia de ayer miércoles, que se extendió por más de ocho horas, el Ministerio Público leyó la solicitud de medida de coerción, que consta de casi 200 páginas.
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El expediente fue leído por varios fiscales del órgano persecutor, entre los que estaban los procuradores adjuntos, Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución y Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Al finalizar su exposición, Berenice Reynoso solicitó 18 meses de prisión preventiva para los encartados y la declaración de complejidad del caso.
Los imputados en el caso Coral son el mayor general Adan Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), durante la gestión del expresidente Danilo Medina; la pastora Rossy Guzmán Sánchez y el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada
Además, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los encartados son acusados de haber creado un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario, que incurrió en actos de corrupción contra el Estado dominicano.
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La solicitud de medidas cautelares sostiene que para lavar dichos activos, los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza crearon un entramado societario formado por “las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor”.
El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva para los apresados en la primera fase de Operación Coral y declarar el caso complejo.
