El juez de la Oficina de Atención permanente del Distrito Nacional recesó para este mediodía el conocimiento de medida de coerción contra los once imputados en el escándalo de la venta ilegal del sector Los Tres Brazos, luego de escuchar los alegatos del Ministerio Público (MP) y de los abogados de la defensa.
Los acusados son Leoncio Almánzar, exdirector de Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE); Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico de la entidad; Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario, y Rosabel Castillo Rolffot, directora nacional de Registro de Títulos.

También Domingo Lebrón, los hermanos Carlos Aris, Julio César y Juana Inés Gómez Williams, principales accionistas de Infepa y Proyecciones Inmobiliarias GOWI; José Enrique de Pool Dominici, representante de Titulatec, y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.
Luego de presentar la acusación, el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva para los imputados y que el caso sea declarado complejo, lo que fue rechazado por la defensa, alegando que los acusados tienen suficiente arraigo que garantiza su permanencia en el proceso.
Sereno y muy confiado en sus argumentos, el exdirector de Corde Leoncio Almánzar ripostó ante el juez José Alejandro Vargas los indicios probatorios con los que el MP lo vincula al presente caso.
“A mí me impresiona el desconocimiento del MP, de para qué se estableció Corde. Corde fue a raíz del 1976, fruto de la adjudicación de todas las empresas, se hizo un consorcio, donde lo dirigía una junta de directores que era la máxima autoridad y dirección general de la entidad, expresó Almánzar.
Indicó que esa empresa estaba representada por los ministerios de Finanzas y de Industria y Comercio, Fomento Industrial, hoy Proindustria, y por un representante del sector privado, que siempre ha estado designado mediante decreto y que el director de Corde se reporta a esa comisión.
De su lado, Rosabel Castillo Rolffot, registradora de títulos, dijo que no tiene nada que ver con lo que le acusan y que es de las pocas funcionarias que sabe que le pagan para realizar un servicio público. Aseguró que no conoce a ninguno de los demás implicados, a los que vio por primera vez en la audiencia.
Indicó que ha hecho un nombre y que lo defenderá y que quienes la metieron en el expediente tendrán que sacarla.
De Pool Dominici, al igual que Castillo Rolffot, dijo no conocer a los demás imputados y que para entrar en el negocio de la titulación de terrenos buscó asesoría de sus abogados y financieros y hasta del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Destacó que sus negocios fueron con Infepa, no con Corde ni con el Estado dominicano.
Ynés Gómez dijo que tiene toda una vida trabajando de forma honrada y que este negocio lo único que ha dejada a ella y a sus hermanos son pérdidas millonarias. “Lo único que buscábamos era ayudar a personas pobres de esas comunidades, ayudándolos a titular sus propiedades”, expresó. Dijo que es un atropello lo que le han hecho a una familia que ‘nunca había pisado una Fiscalía’.
Ambiente caldeado. Desde entrada la mañana los ánimos estaban caldeados en los predios del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde un grupo de residentes de Los Tres Brazos con pancartas en mano reclamaban que los implicados sean llevados a prisión.
“Los corruptos a la cárcel”: gritaban repetidas veces y enfurecidos los demandantes que se indentificaron como parte del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos.
Milcíades Gerardo, vocero del comité, manifestó que esa lucha culminará cuando sean encarcelados los que intentaron robarse su barrio y que a cada uno de los moradores de la comunidad le sea entregado el título de propiedad que por derecho le corresponde.
Un cerco policial protegió la entrada al Palacio de Justicia durante el conocimiento de la audiencia.
Sin embargo, dentro del recinto judicial otro grupo de la misma barriada, con títulos de propiedad en las manos, exigía que siga el proceso de titulación.
“Ese grupo lo tienen detenidos, pero quienes estamos presos somos nosotros, que no sabemos qué pasará con nuestros títulos y la inversión que hicimos. Estamos reclamando la continuidad del proceso de titulación de Los Tres Brazos, dijo el abogado Rafael Hernández, quien habló en representación de más de mil adquirientes y como parte de los afectados.
Dijo que la titulación debe continuar porque están en el limbo y no saben en qué parará la situación, ya que ellos son los verdaderos propietarios.