La empresa de telecomunicaciones Claro notificó al Ayuntamiento de San Cristóbal, mediante Acto de Advertencia, su obligación de dar cumplimiento a una sentencia dictada en enero de este año por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de esa provincia, que le ordena dar respuesta a las solicitudes de permisos, para ejecutar proyectos de expansión y mantenimiento de sus redes fijas y móviles.

De acuerdo a un comunicado, recientemente la compañía telefónica denunció que la Alcaldía de San Cristóbal mantiene detenido el desarrollo de las telecomunicaciones en ese municipio y, por ende, el progreso económico, al impedir la puesta en ejecución de 14 proyectos de expansión y mantenimiento de sus redes fijas y móviles desde el año 2009.

La traba imposibilita que se materialicen las inversiones de capital en ese municipio, que ascienden 50 millones aproximadamente, según la nota.

“Como parte del proceso legal, en caso de que el Ayuntamiento no proceda conforme a la sentencia, la empresa podría iniciar con acciones civiles, penales administrativas o de cualquier otra índole para el debido resarcimiento”, advierte.

Claro indicó que, hasta el momento y a pesar de haber sostenido una reunión, no ha sido acatada la decisión del tribunal y el proceso de permisos sigue estancado.

“La negativa a dar respuesta por el Ayuntamiento es contraria al principio de transparencia con que debe regirse una entidad municipal y el apego a los principios constitucionales del debido proceso, el plazo razonable y la seguridad jurídica, ya que como empresa tiene planes e inversiones que se ven en peligro al no tener de una entidad del Estado, la debida respuesta sobre la aprobación de sus actuaciones”, establece la sentencia del tribunal.

Además, subraya “que en el presente caso se infiere que está en juego la seguridad jurídica del Estado que pretende ser violentada por una entidad del ámbito del Derecho Público Administrativo, como lo es el ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal, a la cabeza de su Síndico Municipal y sus autoridades edilicias, quienes tienen la obligación de dar respuesta a la solicitud de permiso requerida por la Compañía Dominicana de Teléfonos S. A.”