Hoy 
Deja mucho que desear el hecho de que una vez concluido el proceso electoral con un resultado abrumadoramente adverso para la causa reeleccionista, desde el Poder se haya perdido la noción de continuidad del Estado que debe primar en todo momento.
De una situación energética relativamente buena, con un suministro aceptable hasta el día de las elecciones, hemos pasado a un estado de calamidad caracterizado por un desplome de la generación de electricidad. La situación es como para declarar al país en estado de emergencia.
El país marchaba por el trillo trazado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un acuerdo stand by, pero también en ese aspecto el Gobierno se olvidó de la continuidad del Estado y ha decidido, obviamente catapultado por el resultado electoral, aplazar unilateralmente una reforma fiscal que forma parte de los requisitos que nos comprometimos a respetar al firmar con el organismo internacional.
En resumidas cuentas, se ha estado manejando el Estado de un modo que haría pensar que el ejercicio de las actuales autoridades habría concluido el 16 de mayo en virtud de la derrota electoral, y que otro gallo cantaría si en vez de haber sido derrotado, el reeleccionismo hubiese triunfado.
Un país -y el nuestro todavía lo es a pesar de quienes tratan de manejarlo como tribu- no puede estar supeditado a caprichos como los que determinan que se cumpla o no se cumpla con las cuestiones de Estado según favorezcan o perjudiquen los resultados electorales y otras contingencias.
Los dominicanos, por las vías más idóneas, tenemos que luchar porque los políticos vean el Estado como un ente jurídico continuo, cuyos engranajes no pueden ser trabados por la petulancia de políticos que entienden que sus intereses y los del Estado son siameses inseparables.
El ejercicio de las actuales autoridades concluye el 16 de agosto del presente año. Hasta entonces, están en el deber de cumplir sus deberes ante el Estado, ante todos los dominicanos, so pena de que haya que llegar a la amarga conclusión de que su dejadez obedece a una actitud maliciosa dirigida a dificultar el próximo ejercicio constitucional.
[b]Sin placebos[/b]
El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) retiró algunos retretes y casetas del malecón de la avenida George Washington, como si con esa acción dejara solucionado el problema que se ha creado allí al permitir la construcción de establecimientos comerciales.
El problema es más grave y debe ser solucionado definitivamente, pues hay construcciones en esa franja costera que deben correr la misma suerte, si es que se quiere actuar con apego a las disposiciones que prescriben las construcciones en esta zona.
El ADN está en el deber de revocar todo permiso que, eventualmente, haya sido otorgado a quienes han construido en el área. Y debe investigar en base a cuáles premisas fueron otorgadas estas concesiones, pues se tiene entendido que esa franja es un área protegida.
El planteamiento es extensivo a Santo Domingo Este. Allí ocurre que la franja costera paralela a la avenida España también está llena de tarantines. En torno a esto que se haga lo que manda la ley. Eso sí, sin placebos.
