La vida democrática de la Nación registrará en las próximas horas el traspaso de mando del presidente Hipólito Mejía al presidente electo Leonel Fernández.

Un equipo, una mística, un estilo y el sello del Partido Revolucionario Dominicano y las fuerzas políticas que lo respaldaron en las elecciones presidenciales del año 2000, dejan el gobierno con total apego a la Constitución y al mandato soberano de los dominicanos expresado en las urnas el 16 de mayo pasado.

Otro gobernante, el doctor Fernández, con sus colaboradores, el Partido de la Liberación Dominicana y partidos aliados, asumirán la conducción del gobierno para el período constitucional que se inicia mañana y que concluye el 16 de agosto de 2008.

Contrarios a la virulenta campaña electoral – matizada con acusaciones en ocasiones muy duras entre candidatos contendientes por la presidencia – los dominicanos asistimos a un traspaso de mando coordinado, fraterno y en armonía.

Esa conducta, tanto del gobernante y el equipo que sale como de quienes van a sustituirlos, prueba, sin dudas, que estamos aprendiendo la lección de que un diálogo permanente y oportuno nos lleva por el camino del entendimiento, de la razón y del buen juicio.

Lo que se espera ahora es que ante el terrible reto del nuevo gobierno – petróleo acercándose peligrosamente a los 50 dólares el barril, el país con un constreñimiento económico evidente y con un deterioro progresivo de los servicios sociales y los de la producción – todas las experiencias del país se pongan en tensión para servir a la recuperación, sin crear divisiones mezquinas que pueden servir a intereses particulares y de grupos en momentos en que la prioridad es la nación y su futuro.

Es la hora de gobernar con apego a la ética, con esfuerzos denodados por imprimir calidad a cada ejecutoria y eficiencia a cada acto humano.

Necesitamos acabar con las actitudes permisivas ante la violación de la ley, ante la corrupción y ante la impunidad. Esas prácticas representan un saldo negativo muy grande para nuestro futuro, que no podemos agigantar con la indiferencia o con el desentendimiento.

Cuentas pendientes

La terminación de un período gubernamental, sobre todo cuando el partido en el poder cambia con el gobernante, representa un momento muy difícil para empresas, profesionales y técnicos que suplieron mercancías o prestaron sus servicios al Estado y han quedado deudas sin saldar.

Lo que ha visto el país en las últimas horas no puede ser más elocuente: ingenieros, comerciantes, profesionales, ejecutivos de empresas, entre otros, haciendo jornadas completas para tratar de obtener el pago de sus deudas. 

En la mayoría de los casos – no hay que olvidar que el gobierno es el principal cliente en el país – esas deudas representan una parte significativa de las “cuentas por cobrar” de firmas o individuos.

Aunque esa situación no es exclusiva de este momento, ahora estamos ante una nueva edición de una práctica que ha causado mucho daño a la seguridad jurídica de quienes trabajan por el desarrollo del país.

En medio de las limitaciones financieras que evidentemente tendrá el nuevo gobierno, lo conveniente sería que los nuevos funcionarios hagan honor a los compromisos de Estado y se cumpla con pagar a quienes de buena fe han puesto parte de su patrimonio para suplir energía eléctrica, adquirir gas licuado de petróleo contando con el pago de un subsidio, construido obras públicas o servicios profesionales. Eso hablaría muy bien de la seguridad jurídica en el país y contribuiría a crear una dinámica comercial que el mercado nacional necesita sin mayores dilaciones.

No estamos hablando de que el nuevo gobierno asuma como “buenos y válidos” todos los actos del gobierno que se va.  ¡No!

Fiscalizar, indagar, determinar frente a la Constitución y las leyes la pertinencia de los actos de los funcionarios públicos es una labor inherente al ejercicio del buen gobierno y una obligación indeclinable de todos los gobernantes, que todo ciudadano consciente de su deber respalda.  Lo que no puede aplaudirse es que los compromisos legítimos y correctamente asumidos, sean ignorados porque quien los asumió en nombre del Estado ahora está en la oposición.

Es un espacio claro para probar la continuidad del Estado.