La reforma de la Administración Fiscal representa uno de los pasos más trascendentales en las últimas décadas en materia de un conjunto de leyes dirigidas a lograr mayor eficiencia y transparencia en el gasto público, planificación en la inversión, mejor control del gasto y correspondió a una administración del PLD, la del Dr. Leonel Fernández, iniciar este proceso con la aprobación e implementación de este conjunto de leyes; y otra administración del PLD, la actual del Lic. Danilo Medina, está avanzando hacia su aplicación total.

En noviembre del 1996, en la primera gestión del Presidente Fernández, se emitió el decreto 581-96 con el objetivo de diseñar un programa de administración financiera (PAFI), se obtuvo un financiamiento del BID, pero el Congreso de mayoría perredeísta no aprobó el convenio de préstamo, y solo cuando asumió la Presidencia Hipólito Mejía le dio su visto bueno. La administración del PRD aunque contó con el financiamiento, apenas promulgó la Ley de Contabilidad Gubernamental (126-01).

En la segunda gestión del Dr. Fernández se reinició la reforma de la administración fiscal y en el 2005 se aprobó la Ley de Tesorería, en enero del 2006 la Ley de Crédito Público, pero fue necesario esperar una mayoría congresional para lograr la aprobación de las leyes de las nuevas Secretarías de Hacienda y Economía, Presupuesto, Ley de Contratación Pública de Obras, Sistema Integrado de Administración Financiera y Control Interno y Contraloría.

Una de las piezas fundamentales de esta reforma lo representa la Ley 5-07 que establece el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE). Una herramienta tecnológica clave lo representa el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) que permite producir información confiable y a tiempo para la toma de decisiones, y representa un gran apoyo a la ejecución presupuestaria, la gestión de deuda pública, gestión del tesoro y los registros contables de las transacciones.

El cumplimiento de este conjunto de leyes, desde la cuenta única de Tesorería hasta la Ley de Compras, conjuntamente con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, representan las herramientas más poderosas para hacer rendir socialmente los recursos y reducir los niveles de corrupción.

Gracias a esta reforma hoy el Presupuesto, que incluye el Gobierno Central y las descentralizadas y autónomas, se deposita en el Congreso antes de 15 de octubre, se acompaña de un informe explicativo que contiene los supuestos macro-económicos y la política presupuestaria, además del presupuesto plurianual del Sector Público no financiero.

La Cuenta Única de Tesorería elimina el manejo discrecional que ciertos ministerios e instituciones realizan con ingresos captados por ellos, aunque podrán disponer de esos fondos gracias a la apertura de subcuentas cuyos desembolsos se harán en función de una normativa. La administración Fernández avanzó en la cuenta única y este Gobierno, cumpliendo con una promesa de campaña del Lic. Medina, ya ha enrolado el sector centralizado del Gobierno y parte del descentralizado, a punto que en el Proyecto de Presupuesto para 2015 esta partida representa la suma de RD$8,640.9 millones.

En materia de la Ley de Compras en el gobierno anterior se creó la Dirección de Compras Gubernamentales, y en esta administración se siguen dando pasos firmes con los sorteos de obras escolares y la licitación de la mayoría de las compras gubernamentales, incluyendo la correcta decisión de dedicar un porcentaje de estas a las pequeñas y medianas empresas.

La aplicación de este conjunto de leyes en todo el Estado ha sido un proceso gradual y el total cumplimiento por parte de todos los ministerios e instituciones del sector público representaría la culminación de una revolución fiscal, iniciada en el primer gobierno del Dr. Fernández y continuada por el Lic. Danilo Medina, que va a contribuir a una administración eficiente, transparente, racional de los recursos públicos y por supuesto un paso de avance en la lucha contra la corrupción.