Contra abusos de poder

<P>Contra abusos de poder</P>

Con temple y convicción,  voces de la Iglesia Católica  tronaron  en el sermón de las Siete Palabras, el Viernes Santo, en contra  de la corrupción política en sentido general y del uso de los recursos del poder en la campaña proselitista, una censura clara, principalmente, al desbordamiento de gastos que puedan ser solventados por el fisco, de manera directa o indirecta en que incurren entes del oficialismo que persiguen la reelección.

El clientelismo político quedó condenado desde los púlpitos, una forma de decir que hoy se crucifica al pueblo y a la democracia, disponiéndose ilegalmente y en atropello a las reglas del juego, del fruto del sudor y el trabajo de una nación que tributa pero padece necesidades de bienes y servicios, mientras otros reducen  o impiden la función  que corresponde al Estado de comportarse ante  el ciudadano sin condicionamientos partidarios.

Aquellos que levantan su voz, sobre todo desde posiciones independientes, para criticar las anti democráticas prácticas que caracterizan la campaña, deben haber recibido con satisfacción este vigoroso pronunciamiento de sacerdotes y laicos. 

 Hay que insistir  en que la campaña electoral ha mostrado un perfil desigual, con una recurrencia a las  ventajas del poder. Es decir,  se ha mantenido el abusivo sistema  que han empleado todos los partidos y jefes de gobierno, sin excepción, cuando buscan sostenerse en el poder.

Que hable la JCE

Nadie puede suponer que la pureza del  voto reside exclusivamente en el secreto  del sufragio ni en la ausencia de burdas coacciones sobre los electores; ni descansa  tampoco en que los contendientes parezcan estar en igualdad de acceso a los medios propagandísticos. Ni basta con que el manejo del proceso resida en un tribunal confiable  e idóneo como es la Junta Central Electoral.

Las constantes denuncias del uso de los recursos del poder en favor de una de las partes que contienden por la Presidencia, se ha convertido en un motivo importante para reclamar, en nombre de la institucionalidad y el futuro de la democracia, que la Junta Central Electoral levante su voz a tiempo y disponga lo que su legitimidad permita contra los excesos comprobados que  puedan colocar en desventaja a los aspirantes de la oposición.

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