JUAN RAMIREZ 
Descuido en los alrededores del Faro a Colon y parque de los tres ojos, C/Iberoamericana, Rotonda del Faro, los Mameyes. Hoy/ Arlenis Castillo/10/01/2020.
Continuaba ayer sin acatar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la paralización de los trabajos de la Terminal de Autobuses Interurbanos del Este, lo que el vocero del bloque de regidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Robert Arias, define como un atentado a la institucionalidad del país.
Ayer seguían las labores por parte de obreros y equipos pesados, sin que ninguna autoridad hiciera valer la decisión de la alta corte.
Arias recuerda que los parques del Este y de Los Tres Ojos conforman el principal pulmón del municipio Santo Domingo Este (SDE), por lo que es inaceptable una terminal para autobuses en la zona. Alertó sobre la cantidad de humo y combustibles derramados en el área.
De igual modo, define como inaceptable que el Ministerio de Obras Públicas y la compañía Acero Estrella desafíen una sentencia del TC, lo que previamente habían hecho con otra del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordenó detener la obra hasta tanto se presentaran los permisos de uso de suelo y de impacto ambiental. Espera que se imponga la autoridad de la alta corte y que la estructura metálica que ya se impone en el parqueo del Parque del Este y Los Tres Ojos, sea desmantelada y los responsables de desacatar las sentencias sometidos a los tribunales.
Define como muy peligroso que sean las propias autoridades las que desacaten las órdenes judiciales, lo que presagia un caos institucional de consecuencias impredecibles.
“Los responsables de hacer respetar las leyes son las instituciones del Estado, y si hay instituciones que violentan decisiones de cortes como el Tribunal Constitucional estamos perdidos”, advierte.
La suspensión de esos trabajos fue dispuesta por la tercera Sala del TSA mediante sentencia número 030- 04-2018-SSEN-00348 emitida el 10 de octubre de 2018, acogiendo una acción de amparo incoada por los señores Manuel Jiménez Ortega, Héctor Ferreras, Gregorio Ortega Martínez, Leónidas Calderón Ranvalde y Claudio Antonio Caamaño Vélez, contra el MOPC.
Fue contra esa sentencia que el MOP interpuso una demanda en suspensión de su ejecución, a la cual se adhirió la Opret, recurso que el Tribunal Contituycional declaró inadmisible.
