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Un poderoso grupo estadounidense de defensa de los derechos humanos pidió ayer en Los Angeles el fin de un programa federal de detección y deportación de inmigrantes indocumentados, al que acusa de haber causado la expulsión de miles de personas con delitos menores. La Unión de los Derechos Civiles de Estados Unidos (ACLU) del sur de California «exige el fin del programa federal Comunidades Seguras (S-Comm).
Los ángeles
AFP. Un poderoso grupo estadounidense de defensa de los derechos humanos pidió ayer en Los Ángeles el fin de un programa federal de detección y deportación de inmigrantes indocumentados, al que acusa de haber causado la expulsión de miles de personas con delitos menores.
La Unión de los Derechos Civiles de Estados Unidos (ACLU) del sur de California «exige el fin del programa federal Comunidades Seguras (S-Comm), que amenaza la seguridad pública, menoscaba las libertades civiles y deriva en la deportación de personas con delitos menores o sin ningún tipo de condena», escribe la organización en un comunicado.
El S-Comm, conocido coloquialmente en español como «el régimen poli-migra», requiere que la policía comparta con las autoridades de migración las huellas dactilares de las personas arrestadas.
Si bien el programa -lanzado en 2008 por el Departamento de Seguridad Interna y el Servicio de Inmigración y Aduanas- pretende identificar a criminales graves, en la práctica se aplica a cualquiera que esté en custodia policial, incluyendo por ejemplo a las víctimas de los crímenes, afirma ACLU.
Según la Coalición de Los Angeles por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el «régimen poli-migra» ha causado en el país desde su comienzo «121,000 deportaciones de inmigrantes que se presumía eran inocentes o habían sido arrestados por faltas menores como vender comida sin contar con un permiso».
Solamente en California, el programa S-Comm habría provocado la deportación de «más de 47.000 inmigrantes no-criminales», afirma el organismo.
ACLU pone como ejemplo el caso de Isaura García, una residente de Los Angeles de 20 años que fue arrestada por la policía de Los Angeles luego de haber llamado al 911 pidiendo ayuda por un caso de violencia doméstica.
«El fatalmente defectuoso programa de Comunidades Seguras debe terminar», dijo Héctor Villagra, director ejecutivo de ACLU del sur de California.
«El programa hace trizas la larga tradición de confianza entre la policía y las comunidades de inmigrantes». Se calcula que hay unos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.
Las huellas digitales.- Con cánticos y carteles, una decena de personas protestaron el martes contra un programa que le da acceso a las autoridades federales de inmigración a huellas digitales para identificar a inmigrantes ilegales.
La manifestación en Atlanta fue una de varias previstas frente a locales del Partido Demócrata en diversas ciudades como parte de una jornada nacional.
Florida
En el sur de Florida, inmigrantes se sumaron a una protesta contra la decisión del gobierno de Barack Obama de hacer obligatorio el programa llamado Comunidades Seguras. Los activistas locales se manifestaron frente a las oficinas del Partido Demócrata en el condado de Dade, en Miami. El gobierno anunció en fecha reciente que obligará que las policías locales verifiquen la condición migratoria de los individuos que arresten o encarcelen. Antes, la aplicación del programa era voluntario.
