En un país donde se cometen tantos abusos y desafueros desde instancias oficiales, el ejercicio de un periodismo serio y plural es un contrapeso para garantizar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a dar y recibir informaciones sin censura previa. Personas e instituciones afectadas en sus intereses y prerrogativas y que no reciben atención ni respuesta cuando acuden a organismos oficiales, encuentran en la prensa y los medios de comunicación una vía expedita para manifestarse y evitar ser víctimas de atropellos y violaciones impunes.

Obstruir o limitar el tratamiento de temas relativos a la corrupción y en general al uso indebido de fondos y recursos públicos, equivaldría a negar a la sociedad el legítimo interés de mantenerse debidamente informada de todo lo que incide en el funcionamiento del Estado.

Este es precisamente el temor que ha surgido ante la inclusión  en el proyecto de modificación del Código Penal de los artículos 191 y 193, que vulneran el fundamental derecho a la libre expresión del pensamiento y la discusión de las ideas garantizada por la Constitución de la República.

El establecimiento de penas de prisión por la divulgación de informaciones y comentarios considerados difamatorios e injuriosos,  asestaría un duro revés a la libertad que deben disfrutar medios y periodistas para escoger y difundir  temas de interés general, sin importar que puedan causar molestias  en algunas esferas de la sociedad o de los poderes públicos.

Mientras en diferentes países del hemisferio se ha avanzado en los últimos años en una titánica lucha en  favor de la despenalización de los llamados delitos de prensa, aquí surge esta amenaza en contra de una piedra angular de la democracia  en materia de comunicación y acceso a la información.

A propósito de esta inquietante situación, no sólo para la prensa sino para la ciudadanía en general, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha producido un documento que, dada la riqueza de argumentos jurídicos, no tiene “desperdicios”, como solía decir Mario Álvarez Dugan (Cuchito), ese veterano maestro del periodismo para referirse a las declaraciones responsables y bien estructuradas con argumentaciones contundentes que cubren diferentes conceptos y aristas de un tema en particular.

Con juicio claro y certero, Finjus anota que la libertad de expresión da sustento a la investigación periodística, especialmente cuando está dirigida a fortalecer los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción y el fomento de la participación de la ciudadanía y sus organizaciones en la creación de una cultura de transparencia, con base a la rendición de cuentas. Tal como han advertido Finjus, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, es obvio que con estas enmiendas al Código Penal se pretende silenciar a medios y periodistas para que no aborden cuestiones conflictivas o controvertidas, a fin de evitar una eventual sentencia de prisión.

Además, subyace la intención de proteger a servidores que incurren en prevaricación, porque la propuesta legislativa busca agravar la conducta de difamación e injuria cuando se cometa en perjuicio de un alto funcionario público. Este intento de inducir a la autocensura tiene que ser enfrentado para que el periodismo ético y crítico no pueda ser suplantado por un ejercicio complaciente y anodino , como aspiran los enemigos de la libertad de expresión.