Mucha gente debería estar aplaudiendo la decisión del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, de solicitar a la Cámara de Cuentas una auditoría forense a las operaciones que concluyeron con la venta, por parte de Corde, de los terrenos de los Tres Brazos, necesaria para poder presentar acusación formal en la justicia contra sus perpetradores. El pasado jueves el Procurador se reunió en su despacho con el nuevo presidente del organismo fiscalizador, el doctor Hugo Alvarez Pérez, con el propósito de coordinar lo relativo al tipo de auditoría que el Ministerio Público necesita para una mejor ejecución de los procesos investigativos, y que a los tribunales lleguen expedientes bien sustentados que permitan conseguir sentencias condenatorias. ¿Cómo no aplaudir que se estén dando los pasos necesarios para que las auditorías de la Cámara de Cuentas se conviertan en un instrumento eficaz de lucha contra la corrupción? ¿Que dejen de servir únicamente para hacer bulto en los periódicos y crear falsas expectativas en la población, que termina frustrada y desengañada al ver que los escándalos denunciados terminan diluyéndose en la nada? Desde luego, del dicho al hecho siempre hay un largo trecho y es evidente que los frutos de esta cooperación que apenas se anuncia están por verse y, sobre todo, por trabajarse, pues el camino es largo y sobrarán las tentaciones para abandonarlo antes de concluir la tarea. Eso no impide, sin embargo, que nos sintamos con derecho a recibir un “adelanto” de lo que podría significar para elevar la eficacia de la lucha contra la corrupción esa alianza contra la corrupción y la impunidad. Y el expediente de la venta de los terrenos de Los Tres Brazos, en una operación de tan dudosa legalidad que fue anulada por un decreto del presidente Danilo Medina, es una oportunidad magnífica para empezar a recoger sus frutos y enviar a los corruptos a donde tienen que estar: tras las rejas.