Contra la impunidad en los fraudes bancarios

Contra la impunidad en los fraudes bancarios

Hay que celebrar que esta semana la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad nos recordara que ya pasó un año del inicio del de velamiento de los fraudes bancarios que sumieron a la nación en una profunda crisis financiera que está pagando hasta el más pobre de los dominicanos y dominicanas.

El comunicado publicado en los diarios a mediados de semana es muy oportuno especialmente ahora cuando los acusados de las graves irregularidades que produjeron las quiebras de tres bancos se han envalentonado y pretenden convertirse en acusadores, amparados en una descomunal capacidad financiera para pagar los mejores abogados, infundir miedo e influir sobre las decisiones judiciales.

Integrada por 57 organizaciones que van desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, hasta la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana, el Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales, y decenas de entidades sociales, religiosas y populares, la coalición lanza un grito de advertencia sobre la impunidad que una vez más amenaza prevalecer en la sociedad dominicana, a pesar de la envergadura de las quiebras de Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil.

«Queremos llamar la atención sobre las señales desalentadoras que se han visto, tanto desde el Ministerio Público, como desde el Sector Justicia. Una vez más parecen abrirse las puertas a la impunidad, ratificando la vieja tradición del sistema judicial dominicano de no llegar al conocimiento del fondo de los casos, ni decidir en función de las pruebas presentadas cuando se trata de grandes estafas contra la sociedad», indica el comunicado.

Recuerdan que esa coalición nació el 2 de junio del 2003 cuando representantes de decenas de organizaciones se comprometieron a no silenciar sus voces para denunciar el fraude bancario mientras exigían que se llegara hasta las últimas consecuencias en las investigaciones y se publicaran las listas de los beneficiarios de la repartición del patrimonio de los ahorristas.

Esas entidades están recordando que las quiebras de los tres bancos representó aproximadamente el 22 por ciento del producto bruto interno, una suma mayor que el presupuesto nacional del año pasado. Lo que sumado al manejo inadecuado y con ribetes de ilegalidad que le dieron las autoridades se ha traducido en graves perjuicios económicos para la población.

Aludiendo a la próxima instalación de un nuevo gobierno, la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad recuerda el principio de la continuidad del Estado y la responsabilidad de éste en velar por los intereses de la nación, sin permitir que los casos de corrupción bancaria se diluyan en el desinterés o la complicidad.

Concluyen en que «si estos inmensos fraudes bancarios no son sancionados hasta las últimas consecuencia, la corrupción se extenderá aún más sobre el cuerpo social dominicano, debilitándolo hasta su disolución».

La gravedad de las quiebras bancarias del año pasado y todas sus implicaciones no dejan lugar a otras conclusiones. Hay tanta gente influyente de alguna manera vinculada, con y sin conocimiento de causa, en la malversación de los ahorros de cientos de miles de personas, que el asunto amenaza con diluirse y olvidarse en medio de una manipulación de la opinión pública sin precedente.

Por razones políticas, por la incoherencia y la ilegalidad con que el gobierno afrontó la situación, el discurso de que esos bancos no quebraron, sino que fueron quebrados, ha ganado terreno en importantes segmentos de la población. Aunque se ha difundido bastante sobre la forma en que se sobornó a medio país mientras los ahorros ajenos eran desviados para financiar decenas de empresas deficitarias vinculadas a los banqueros, con una maraña de operaciones y manipulaciones que el promedio de los ciudadanos no puede entender.

Por si las voces nacionales que han denunciado esos fraudes no son suficientes, ahí están las de los organismos internacionales que, como el Fondo Monetario Internacional, han condicionado la asistencia al país a que se sancione la corrupción bancaria, o de los altos funcionarios norteamericanos que, como el encargado de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega, vinieron al país para proclamar que esas quiebras son el principal ingrediente generador de la grave crisis económica que sufrimos.

Nos han dejado claro que si la nación no sanciona los fraudes bancarios, no puede esperar ayuda del tesoro de los Estados Unidos como de otros organismos internacionales para salir del profundo foso de crisis económica en que nos encontramos.

Ciertamente que los vigilantes, los que debieron supervisar esos bancos durante tres gestiones gubernamentales, especialmente en las dos últimas, se durmieron y que las actuales autoridades aplicaron un correctivo abusivo al devolver los ahorros hasta a multimillonarios, a costa de todos los dominicanos y dominicanas. Pero eso no borra la responsabilidad de quienes dispusieron a su antojo del dinero ajeno.

Como la coalición, hay que seguir reclamando justicia y transparencia hasta las últimas consecuencias.

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