El procurador general de la República insistió ayer en que ha habido avances en la política contra violencia de género que aborda de manera integral este fenómeno y reiteró el llamado a la sociedad y la familia a participar en la reducción de los casos que casi siempre ocurre «entre cuatro paredes» donde la autoridad no puede llegar.
Jean Alain Rodríguez pidió establecer redes de apoyo para las mujeres víctimas, pues muchas veces es la propia familia que la persuade a no denunciar la violencia que sufre e incluso la justifican.
Señaló que es difícil para las autoridades actuar en contra de la voluntad de las víctimas, tras poner de ejemplo que una fiscal casi fue agredida cuando fue a rescatar una mujer de la vivienda donde estaba con su agresor que la había intentado matar.

Señaló que dadas las cifras del fenómeno, se diseñó el «Plan nacional contra la violencia de género», lanzando en 2017, que contó con la consulta de expertos nacionales e internacionales y recoge 22 acciones en prevención, persecución y atención a víctimas, cuya implementación involucra a diversas instituciones.

«Este plan tiene que ser visto y asumido por toda la familia porque por más que pueda hacer el Ministerio Público, que ha hecho mucho, pero le falta muchísimo por hacer», dijo Rodríguez, quien insistió que pese a los últimos casos, la violencia contra la mujer ha comenzado a ceder.
Los acuerdos. Con relación a los acuerdos entre víctimas y agresores, el procurador recordó que estos no equivalen a libertad pura y simple y además obedecen a un protocolo. «Los acuerdos deben de incluir algún tipo de pena, no que se trate de libertad pura y simple”, dijo, al señalar que han revisado todos los acuerdos.

Apuntó que los acuerdos conllevan una discusión entre las partes y luego la sanción de un juez. «Solamente hay un acuerdo cuando es debidamente validado por el juez, lo otro es sencillamente una propuesta”.
El procurador habló del tema durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio junto a Luis Vergés, director del Centro de Intervención Conductual para Hombres y Julieta Tejada, directora de Comunicaciones.
Los agresores. En torno al trabajo con agresores, Vergés dijo que en 11 años 35,000 han completado el programa y ninguno es un feminicida. Dijo que de esta cantidad, solo el 5% tiene problemas psiquiátricos.
Detalló que la intervención dura de 6 meses a dos años con una fase terapéutica y otra educativa que incluye hasta derechos fundamentales, ya que el agresor no ve la mujer como sujeto de derechos.

Destacó que la mayoría de los hombres no son violentos y que la violencia es una conducta aprendida a partir de un paradigma de dominación de éste contra la mujer. Dijo que esto se complica cuando el nivel educativo es bajo y agregan temas como consumo de alcohol, sustancias y otros elementos que si bien no son las causas, pueden ser detonantes importantes.
Recordó que los hombres violentos no entienden que tienen un problema y culpan a la mujer del mismo, lo que lleva confusión a ella que tampoco busca ayuda y expía su culpa en el entorno. Agregó hay casos de hombres que ya han cumplido condena por intento de asesinar a una mujer y sigue representando un riesgo para ella porque siguen culpándola, por lo que se ha diseñado un manual para llevarlo a las cárceles.

Indicó que la violencia de género es distinta a otras formas de violencia. «El ladrón que mata para robar está buscando un objeto y ve el ser humano como el obstáculo para lograrlo, pero el que genera violencia de género, el que mata a una mujer siente un alivio y cree que cumplió una misión al matarla porque se salió del librito que él redactó para ella».
Logros. A dos años de implementar el plan, la Procuraduría destaca como principales logros: 39,400 personas impactadas con más de 635 charlas de concienciación; 6,400 estudiantes universitarios formado sobre el problema. También atención de 19,587 llamadas de víctimas; ; formación de 443 proveedores de salud; creación de dos nuevos centros para tratar hombres, capacitación de 762 policías en detección y atención de potenciales casos; 190 fiscales asignados; cinco nuevas unidades de atención integral para víctimas; tres casas de acogida en enero; guías de prevención para estudiantes y maestros.
Agrega la creación de un protocolo para enjuiciamientos; medidas contra desgaste que sufre el personal que atiende las víctimas; convenio con el Ministerio de Cultura para creación de cortometrajes contra la violencia y con el de la Juventud para dar becas a las víctimas y sus hijos, entre otros.