Hay que trabajar con más ahínco en la prevención de los delitos financieros, que se hacen cada vez más abundantes en el país. El frecuente surgimiento de negocios que captan ahorros del público, al margen de toda regulación oficial, con ofertas fantásticas de rentabilidad, y que son detectados cuando ya han causado mucho daño a los incautos depositantes, indica que se necesita afinar la inteligencia para dar seguimiento a avisos publicitarios de negocios de este tipo y frenar sus operaciones.
El 21 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Bancos, la Procuraduría general de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional suscribieron un convenio de cooperación para crear la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, que operará en la sede de la Fiscalía y se dedicará a perseguir y procesar penalmente a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de intermediación financiera ilegal, así como delitos que cometan agentes del sector financiero regulado.
Creemos que sería oportuno que los propósitos de ese acuerdo cobren cuerpo a la mayor brevedad, y que mejore el control sobre personas imputadas de estos delitos, para evitar que puedan huir al exterior. La unidad debe contar con el personal y los equipos necesarios para prevenir los delitos financieros contra el público, la banca y el propio Estado.

Hora de disolver a CORDE

Los resultados de la investigación que hizo una comisión oficial sobre la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos, tienen adjunta la recomendación de clausurar la Corporación de Empresas Estatales (Corde). Ya era tiempo de que alguien pensara en eliminar una entidad que no reporta ningún beneficio para el Estado, pero que se presta, como en efecto ha hecho, para negocios en los que se suplanta, para beneficio de terceros, el deber del Estado de facilitar a los ciudadanos el acceso a la propiedad de un inmueble.

En sus tiempos de esplendor, Corde fue explotada como fuente para acomodar “botellas” de los partidos de turno en el poder, y ahora se presta a actuar contra el interés del Estado. Es hora de auditar las propiedades de esta corporación y que el último en salir se ocupe de cerrar sus puertas.