Para estos tiempos, la República Dominicana debería haber conjurado el problema de la alta tasa de mortalidad materna. Pero no. Todo lo contrario. Contra toda lógica y razón, nuestra tasa de mortalidad materna acusa un repunte lamentable. En el primer semestre del presente año, 94 mujeres embarazadas perdieron la vida, superando en 12 la cifra de fallecimientos de igual período de 2016, cuando perecieron 82 madres. Son cifras que nos encumbran como el cuarto país de América Latina y el Caribe con la más alta tasa de decesos en ese ámbito de la salud. Y lejos de inventos azuzados por pasiones políticas y otras causas, las cifras que citamos aquí son el resultado del informe “Maternidad libre y segura en República Dominicana, una deuda pendiente con los derechos de las mujeres”, presentado por la Colectiva Mujer y Salud y Women’s Link Worlwide.
Pero si escandalosas son las cifras, peor son las causas de esta tasa creciente de decesos. Al margen de lo que dice el informe tomado como referencia, se ha insistido en que la mayor parte de estos fallecimientos tiene que ver con la calidad de la atención médica que reciben las parturientas. La tasa desborda la razón si se toma en cuenta que el 95% de las embarazadas acude en promedio a cuatro consultas preparto y que la inmensa mayoría de los nacimientos son atendidos en establecimientos de salud. Estas cifras agrandan la deuda social que se tiene con las madres.

Vocación por la cura a medias

El rescate de Valle Nuevo, para frenar la práctica de la agricultura insostenible, no está completo si a los agricultores desalojados se les abandona a su suerte. Todos ansiábamos ver a este enclave protegido libre de la depredación de bosques y acuíferos, pero no al precio de crear un problema derivado de la solución. Los agricultores sacados de allí están sin medios de producción y hasta han amenazado con retornar al punto de desalojo. Se les prometió reubicación para que pudieran continuar produciendo el sustento de sus familias, pero aún siguen a merced del azar.
De la misma manera que el Estado tiene el compromiso de proteger Valle Nuevo de la explotación agrícola insostenible, está llamado a buscarle alternativas de vida a los agricultores desalojados de los predios que cultivaban en Constanza.