Hoy 
La facultad de castigar con prisión correccional los delitos relacionados con el ejercicio periodístico tiene endosado un efecto intimidatorio que contraviene las garantías que deben rodear la libertad de expresión y difusión del pensamiento, una de las libertades fundamentales de los seres humanos. En consecuencia, la previsión de pena de prisión se inscribe en un indiscutible acto de censura previa, pues coarta la libertad de los individuos para denunciar posibles actos de corrupción, indelicadeza y otras figuras reñidas con la ley que pudieran ser imputadas a quienes administran cuotas de poder. Y de pasar por alto esta facultad, se contribuiría a que la Ley 6132 y el Código Penal sean usados como ariete contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
De ahí nuestra identificación plena con la acción de inconstitucionalidad sometida por ante el Tribunal Constitucional por los directores de los diarios matutinos El Día, Rafael Molina Morillo; Listín Diario, Miguel Franjul, y de El Caribe, Osvaldo Santana, junto al abogado Namphi Rodríguez como representante legal. A estas alturas, cuando la tendencia es afianzar las libertades públicas, sería un retroceso legalizar un acto de intimidación y censura previa contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Permitirlo sería retornar a épocas superadas, en las que la fuerza disfrazada de autoridad condicionaba todo ejercicio de libertad.
Educación perturbada
En dos ámbitos de vital interés el derecho a la educación está bajo perturbación porque los profesores pretenden hacer pasar su actitud como un conflicto laboral entre trabajadores y empleadores. Por un lado está la ADP canalizando por vía del paro laboral una demanda salarial que desborda lo razonable, y por el otro lado está Faprouasd con una exigencia que sobrepasa los límites de las posibilidades financieras actuales de la universidad estatal.
En ambos casos se está atentando contra el derecho a la educación de estudiantes cuyo tiempo es empleado por los profesores como instrumento de fuerza. Estos educadores deberían hacer un esfuerzo por darle a sus demandas un matiz que no luzca irracional ante los ojos de la razón, al mantenerse fuera de las aulas y forzar a los estudiantes a estar en la misma situación. Que hagan un intento por redescubrir las virtudes del diálogo y la negociación.
