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El expresidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y actual viceministro de Industria y Comercio, Ignacio Méndez, afirmó que las autoridades investigarán la denuncia de las principales compañías distribuidoras de combustibles sobre las distorsiones que está ocasionando en el mercado la incursión ilegal de empresas y personas que no reúnen las condiciones mínimas ni la experiencia que demanda la actividad.
Méndez consideró que la incursión clandestina de empresas y particulares en el mercado de los combustibles es ilegal, por lo que se debe aplicar la ley.
Manifestó que las autoridades deben aplicar los correctivos de lugar tras comprobarse la denuncia hecha por las tradicionales empresas distribuidoras de combustibles.
Preguntado al respecto, el ministro de Industria y Comercio, licenciado José del Castillo Saviñón, recordó que es responsabilidad de ese organismo investigar la situación.
En torno a la posición que ha asumido el Ministerio de Industria y Comercio frente a la alegada mafia en el mercado de los combustibles, Méndez dijo que tiene entendido que las autoridades actuarán en consecuencia.
El empresario reconoció que las autoridades han realizado varios operativos últimamente y espera que continúen para dar al traste con ese mercado informal de los combustibles, que va en detrimento de empresas debidamente acreditadas en el país.
Sobre la existencia de una especie de mafia que está incursionando en el mercado de los combustibles, se han referido representantes de las principales empresas dedicadas a esa actividad, así como el Sindicato Nacional de Transportadores de Carburantes.
Las empresas Chevron Caribbean, Esso República Dominicana, Isla Dominicana de Petróleo, Sol Company Dominicana y Sunix Petroleum, afirman que esa situación ha dado origen a un trasiego creciente de combustibles y a la aparición de estaciones de expendio fantasmas.
Estas compañías, agrupadas en la Asociación CESSI de Distribuidores de Combustibles y Derivados de Petróleo, aseguran que el trasiego ilegal de combustibles ha sido superior a los 180 millones de galones en los últimos tres años, en perjuicio de las empresas acreditadas legalmente en el país.
