Contra un Estado soberano

Contra un Estado soberano

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un fallo que desborda los alcances de la demanda que le fuera sometida el 12 de julio de 2012 por personas que reclaman el derecho a la nacionalidad dominicana. Más que exigir que la República Dominicana repare los derechos de nacionalidad que se alegan violados, la CIDH le está ordenando a este país que desmonte su andamiaje jurídico para que lo acomode al caso particular y todos los similares que motivaron el proceso.

La CIDH sabe bien que si la demanda es justa, los perjuicios pueden ser subsanados sin necesidad de desarmar y acomodar la Constitución a ese caso en particular. La Corte ha ventilado la demanda de personas que se alegaron afectadas por el cambio de los requisitos necesarios para adquirir la nacionalidad dominicana, pero no todos los inmigrantes están en la misma situación. Ni siquiera verificó, como debía, la autenticidad de los documentos presentados.

Ante el desacierto cometido por un organismo del sistema a que estamos adscritos, el Estado dominicano ha preparado una defensa alimentada por sólidos argumentos jurídicos, contundente. Nadie puede dudar que el Gobierno busca una solución respetuosa de los derechos de los inmigrantes irregulares y sus descendientes, una línea de acción que los ciudadanos apoyan sin reservas.

A REPARTIR MEJOR EL CRECIMIENTO

La economía del país hace galas nuevamente de sus bríos, al mostrar un crecimiento de 7% acumulado de enero a septiembre de este año. Y algo alentador es que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, al informar sobre el particular, recordó que Gobierno y sector privado tienen pendiente una agenda de cambios estructurales que permitirían que esta bonanza económica “se derrame” en forma más equitativa en la población.
En la agenda pendiente no podemos soslayar la necesidad de mejorar cualitativamente el gasto público, invertir lo suficiente en servicios vitales como salud y abastecimiento de agua potable, hacer realidad un pacto fiscal, crear fuentes de trabajo de calidad y mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios. Derramar en forma más equitativa los frutos del crecimiento económico involucra muchos aspectos de la agenda pendiente, de la voluntad política.

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