Hoy 
El Senado aprobó este miércoles el proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas, una iniciativa que tuvo su origen en los predios del Poder Ejecutivo y que ha sido muy combatida porque dispone la explotación turística y forestal de zonas que formaban parte del patrimonio de reserva ecológica del país.
Con la consumación de esta barbarie se le demuestra al país, a sus sectores más sensatos, que nuestros legisladores persisten en el yerro de que el poder es para ejercerlo contra viento y marea, por encima hasta del raciocinio, y que para los patrocinadores de este desaguisado el fin justifica los medios.
La sanción de este proyecto en las cámaras legislativas fue una orgía de retorcimientos y manipulaciones para justificar compromisos de concesión de zonas protegidas para que fuesen explotadas para hotelería turística. Se llegó, inclusive, a tergiversar expresiones de algunos obispos, atribuyéndoles a éstos una posición aprobatoria del proyecto en cuestión, cuando en realidad todo parece indicar que fueron sorprendidos en su buena fe.
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La nueva ley deja a merced de la inversión privada varias áreas protegidas, entre las cuales destacan el Parque Nacional Jaragua, Parque del Este y Bahía de las Aguilas, entre otras que han de resultar mutiladas.
Quienes impulsaron la iniciativa partieron del criterio de que las bellezas naturales del país deben ser disfrutadas a plenitud, no solamente contempladas. Semejante razonamiento echa por la borda todo el esfuerzo que ha costado la protección de zonas que desempeñan una importante función en el mantenimiento del equilibrio ecológico, protección de flora y fauna y estabilización climática.
Esta barbaridad legislativa tuvo como preámbulo otra no menos grave, pues cuando el proyecto de mutilación de las áreas protegidas llegó al Congreso, ya el Gobierno había hecho compromisos y concesiones de explotación turística de esas zonas, promoviendo inversiones cuantiosas.
Las autoridades recién electas deberían tomar nota de esta barbaridad, investigar su trasfondo y desarticularla con otra legislación que repare el daño causado.
Depredación boscosa
Las autoridades deben investigar con presteza la denuncia divulgada por este periódico, con una foto impresionante en primera plana, que da cuenta de la tala de árboles en la frontera.
Dominicanos y haitianos están dedicados a una desenfrenada tala de zonas boscosas en el lado dominicano de la frontera, para producir carbón. Mediante este negocio, mientras exportamos carbón hacia Haití, importamos la desertificación que afecta a ese país.
Se trata de un crimen ecológico de tan grandes proporciones, que resulta extraño que las autoridades de la frontera no se hayan percatado de ello. La dimensión del problema hace pensar en que ciertas complicidades han permitido ocultar la verdad.
Las autoridades están en el deber, no sólo de detener esta depredación, sino además aplicar con todo rigor las leyes que castigan este tipo de crimen.
