En estos días la Junta Central Electoral (JCE) ha sido el foco de atención de los medios de comunicación y el público, debido a disparidades de criterios relacionadas con sus operaciones administrativas.  No es la primera vez que ocurren cosas de este tipo en este organismo y no creemos necesario citar precedentes. Lo que preocupa es que el debate de estos asuntos desborda la jurisdicción del organismo y trasciende de una manera poco conveniente. Siempre hemos creído que las disparidades de criterio en los organismos colegiados pueden resultar de gran utilidad, sobre todo cuando las alienta el interés de transparentar situaciones y mejorar el desempeño.

Lo recomendable sería que estos  debates comprometan a sus auspiciadores en un esfuerzo interno que permita convertir en normas aquellos criterios que contribuyan a hacer más eficiente y transparente la gestión. La Junta ha brindado muy buenos servicios a la institucionalidad democrática del país, y lo ha logrado superando sus propias fallas, en parte en base a debates como el actual. Hay en proceso reformas que procurarán mejorar aún más el desempeño de este organismo y sería útil que los motivos de las disparidades actuales tengan cabida en el análisis de los aspectos a modificar. Abogamos porque la JCE aproveche sus contradicciones internas para mejorar aún más.

Una contribución a la apoliticidad

Los reintegros a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de personal retirado, pensionado o puesto en baja han sido un instrumento político bastante cuestionable. Generalmente se recurre a esta práctica para favorecer a parciales políticos o allegados de éstos. Son excepcionales los casos en que estos reintegros obedezcan realmente a necesidad del servicio.

  Debido a la inconveniencia de esta práctica, ha hecho bien la Asamblea Revisora en escoger entre las propuestas de reforma constitucional, una que prohíbe los reintegros de militares y policías y que solo los autoriza en aquellos casos en que se demuestre que la exclusión haya violado la ley orgánica de la institución en que se haya ejecutado la baja o retiro. Con este paso se le resta al ámbito político un instrumento indeseable que en este país se ha utilizado con mucha frecuencia. Se ha dado un paso más hacia la despolitización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.