El total de defunciones certificadas hasta ahora por el Registro Civil y atribuibles al virus SARS-CoV-2 como principal causa o detonante, expone una medición de la mortalidad de este mal muy distanciada de lo que las autoridades han reportado rutinariamente: Yacen en tumbas 8,605 personas que enfermaron mortalmente, aunque para el país los decesos hasta el reciente boletín 538 solo llegaban a 4,013.

El crédito del sistema de salud queda en entredicho, pendiente de desentrañar fallas. Aun cuando la disparidad pudiera tener alguna explicación como involuntaria, nunca dejaría de implicar una sancionable carencia de rigor para llegar a una verdad completa sobre la letalidad.

Tendría justificación el que emerja escepticismo en quienes prefieran dudar de la sinceridad oficial en cuanto a la cantaleta diaria de índices y hasta suponer que hubo intención, en algún nivel oficial, de reducir las proporciones de gravedad de esta enfermedad para no pagar algún precio político por la veracidad de los hechos, punto por punto.

Se ignoraron desde el Gobierno, persistente y inexplicablemente, las cifras más oficiales provenientes del más válido registro de las defunciones que ocurren en el territorio nacional con recolección de datos por autoridades competentes estadísticamente y de absoluta fe pública.

Un desconocimiento sistemático, ante las narices de la presente gestión sanitaria, por acciones u omisiones.
Las disparidades en esta contabilidad sobre vidas perdidas en un país aterrorizado, ocurría en el marco del propio Estado. A él pertenecen por igual los servicios médicos públicos y los censales que no recibían una verificación temprana. Desde el comienzo se debió explicar a la sociedad el porqué de saldos diametralmente opuestos, exponiendo la incongruencia para conciliar detalles.

Las autoridades tendrían que explicar cómo escapaban a sus ángulos visuales numerosas muertes, un subregistro insólito estando la República bajo un estado de emergencia que obliga a escudriñar todo lo que tuviera que ver con pérdidas de vida, en busca de posibles errores humanos, intencionales o institucionales que condujeran a un desconocimiento parcial de la realidad.

Un pueblo bien informado sobre la letalidad sabe a qué atenerse

Ha habido dos formas de conocer la letalidad; solo una se divulgaba

Retroactivamente, las autoridades deberían depurar sus registros